La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio marcha atrás en su proyecto para modificar el reglamento general de inspección para reducir de 90 a cinco días el tiempo que tienen los empleadores para corregir irregularidades y deficiencias detectadas durante una visita verificación por parte de las autoridades.

El proyecto se encontraba en análisis en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) desde junio; sin embargo, este mes la dependencia retiró el proyecto argumentando que se encuentra en un proceso de análisis. “En virtud de que esta Secretaría está en proceso de un análisis del instrumento normativo”, se solicitó la baja del expediente.

Además de la reducción del tiempo de respuesta, la Secretaría del Trabajo proponía eliminar las inspecciones de comprobación e incluir dos nuevos criterios para las verificaciones extraordinarias, como las derivadas de una estrategia específica del programa anual de inspección o las enfocadas en comprobar el cumplimiento de medidas dictadas por la propia autoridad.

La propuesta recibió 25 expedientes con cerca de 100 observaciones del sector privado, entre las que destacan un tiempo de respuesta general para todas las irregularidades sin contemplar el riesgo que puedan tener éstas y un impacto diferenciado entre los grandes y pequeños empleadores.

A través de un oficio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que reducir el tiempo de corrección de irregularidades ponía a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en una situación de desventaja frente a los grandes empleadores.

“Las grandes empresas sí tienen más facilidad para cumplir esta regulación, evidentemente les iba a generar un costo, pero las grandes empresas sí lo iban a poder absorber. Pero el 80% de los sujetos obligados a esta regulación no iban a poder atender con tanta prontitud las observaciones de la Secretaría del Trabajo en materia de inspecciones”, dijo en entrevista Juan José Cabrera, vicepresidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex.

En este sentido, el empresario señaló que la falta de recursos técnicos y humanos de las pymes les impediría dar respuesta en un tiempo tan corto, lo que generaría gastos por multas o hasta clausuras del negocio.

Actualmente el reglamento de inspección establece un plazo de entre 30 y 90 días para que las empresas realicen las modificaciones necesarias como resultado de las irregularidades detectadas en una visita de la autoridad, este período puede ser prorrogable por el mismo tiempo otorgado, y por una sola vez, siempre y cuando no exista riesgo para la vida o seguridad de los trabajadores.

Los riesgos, choque de posturas

La STPS proponía reducir a cinco días el tiempo de respuesta de las empresas y únicamente podría solicitarse una prórroga cuando se tratara de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y la empresa justificara que la irregularidad se derivó por causas ajenas.

La dependencia reconoció que la reducción de los plazos tendría un impacto económico para las empresas, debido a la premura de hacer las correcciones. Pero la Secretaría del Trabajo también destacó que se han presentado accidentes que ponen en peligro la vida de los trabajadores por esperar la modificación de las irregularidades en los 90 días.

En este tenor,, la Coparmex consideró que el proyecto no contemplaba una regulación basada en riesgos, con la se otorgue menos tiempo para atender las irregularidades menores y un mayor plazo para las que pueden tener consecuencias más graves.

“Por ejemplo, si a una pequeña empresa la observación es sobre señalética, manuales o protocolos, iba a tener el mismo tiempo para subsanar en los cinco días que una observación en una construcción en relación a problemas estructurales o de seguridad laboral. Ambos tipos de riesgos tenían el mismo tratamiento”, apuntó Juan José Cabrera.

En su dictamen preliminar, la Conamer opinó que los beneficios sociales del proyecto eran superiores a los costos por cumplimiento, pero en apego al marco legal, la STPS tenía que evaluar las observaciones de la iniciativa privada para incluirlas en la propuesta, o bien justificar el por qué eran descartadas.

Operativos especiales

El reglamento para las verificaciones de campo de la STPS refiere que los inspectores son asignados de manera aleatoria, salvo situaciones en las que se requiera un grado de especialización y vinculadas a temas como el reparto de utilidades, accidentes laborales o trabajo en minas, entre otros casos, en los cuales los servidores públicos son asignados de manera directa.

En este tenor, la dependencia planteaba agregar los operativos especiales como un nuevo criterio para asignar a los inspectores de manera directa. Esta propuesta fue calificada por el sector privado como una medida que generaba incertidumbre jurídica.

“Se genera incertidumbre jurídica debido a que no precisa a qué se refieren con 'estrategias y operativos especiales'. Lo anterior, puede representar potenciales multas y sanciones a los centros de trabajo sí como resultado de su aplicación existen discrepancias entre la interpretación entre las autoridades y los patrones”, expuso la Coparmex en uno de los comentarios al proyecto.

Por su parte, Juan José Cabrera puntualizó que la iniciativa privada no está en contra de la modificación del marco regulatorio y promoverá una propuesta que contemple los comentarios expuestos por el sector.

“No es la cuestión del tiempo total lo que nosotros buscamos como un colchón. Lo que nosotros buscamos, más allá del tiempo, es que se adopten esquemas en los se diferencie el riesgo”, afirmó.

El integrante de la Confederación confió en que los comentarios expuestos por el sector privado serán de utilidad para que la Secretaría del Trabajo realice un nuevo proyecto más apegado a las posibilidades de respuesta de las diferentes empresas.