Las nuevas reglas en materia de subcontratación incrementarán en 25% el costo para la operación de las empresas que recurran a este esquema, informó el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Éste es el monto, aclaró, que las compañías habían estado evadiendo a la hacienda pública en perjuicio también de las trabajadoras y los trabajadores a través de esta figura y que ya no podrán evitar.

“Es que es lo que debían pagar”, dijo. El funcionario fue invitado por el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impartir la conferencia magistral Implementación de las reformas de outsourcing.

Vía remota, explicó que la práctica ilegal de transferir personal de una a otra empresa para evadir el pago de cuotas patronales e impuestos les permitía ahorrarse una cantidad superior a los 270,000 millones de pesos. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las compañías bajo este esquema dejaban de pagar al año más de 21,000 millones de pesos. Y el “agujero fiscal” que dejaban por evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) ascendía a 250,000 millones de pesos.

“Esto fue maléfico, perverso”, porque lo que provoca es que ese grupo de personas trabajadoras “no puedan tener una pensión digna, pues siempre van a cotizar con el salario mínimo”. Tampoco una vivienda propia o, si acaso pudieran acceder a un crédito, esa casa sería “precaria”.

Antes de la reforma, cerca de 4 millones 600,000 personas laboraban de manera subcontratada en más 15,000 empresas, informó. Pero de esas organizaciones, sólo 900 estaban registradas en el Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). De estas últimas, sólo 100 tenían registro ante el IMSS y, de esas, sólo 40 pagaban impuestos.

Es por eso que, “si los obligas a que paguen lo que les corresponde, obviamente van a subir 25% sus costos, pero es lo que debían pagar”.

Subcontratación legal para elevar la recaudación

La subcontratación ha sido una forma de empleo polémica, apuntó. En el debate público por la reforma había dos posturas que chocaban: “Una era la que señalaba que debía desaparecer del sistema jurídico por haberse utilizado para defraudar la ley en perjuicio de los trabajadores”. La otra, que debía dejarse en los mismos términos, pues de lo contrario afectaría competitividad de las empresas y, por ende, de la economía.

Sin embargo, sostuvo, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por prohibir las formas ilegales y abusivas, y dar alternativas al permitir la subcontratación de servicios u obras especializadas, siempre y cuando éstas no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria.

“Algo valioso que hizo el presidente fue abrir el diálogo entre el sector obrero, gubernamental y empresarial para llegar a un consenso”.  De esa manera se logró un acuerdo y el pasado 23 de abril fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Pero para llegar a este punto, además de debates, reuniones, cabildeos y propuestas, el gobierno federal realizó un diagnóstico. En México, “históricamente la recaudación fiscal ha sido baja”, a pesar de varias reformas a las leyes tributarias. Y ante crisis económicas o tributarias las anteriores administraciones federales han tomado diversos caminos.

Por ejemplo, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se optó por aumentar el IVA de 10 a 15%, o incluso crear el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Esto le ha dejado al país una deuda, que sigue pagando, de más de 900,000 millones de pesos.

“En la crisis económica de 2009 la recaudación se vio sumamente afectada”, puntualizó. La caída en los ingresos tributarios fue de 350,000 millones de pesos, lo que llevó al gobierno del presidente Felipe Calderón a crear el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo consumo (IDE) “para aumentar la recaudación”. Y por esta misma situación, en 2010 se justificó elevar los impuestos al consumo.

Por el contrario, en 2020, pese a la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, sin la creación de nuevos impuestos o el aumento a los existentes, las autoridades hacendarias “recaudaron 170,000 millones de pesos arriba de lo que se cobró en 2019”. La estrategia ha sido, dijo el funcionario, el “combate a empresas fantasma, es decir, aquellas personas físicas o morales que facturan operaciones inexistentes” en beneficio de otros contribuyentes.

Y por otro lado, perseguir “con mano firme los esquemas de defraudación fiscal a gran escala”, así como a empresas que simulan la subcontratación laboral.

Ante cualquier duda, con la autoridad

En total, mediante diversas formas de evasión, se dejaba de percibir una cifra de 340,000 millones de pesos anualmente. “Con eso hubiéramos podido construir 221 hospitales; comprado 472,000 ambulancias, 663 patrullas, construido 77 segundos pisos como el de Periférico o 295 desniveles como el construido en el Mixcoac-Insurgentes, 118 estadios de beisbol”.

En la discusión de la reforma, confió, algunas empresas trasnacionales amenazaron con retirarse de México si se aprobaban estos cambios. Si por pagar “sueldos de hambre” y dejar de evadir impuesto se van a ir, “te abrimos la puerta”, les respondió el funcionario. “Era, básicamente, un esquema de esclavitud moderna y no lo tenemos que permitir”, subrayó.

El pasado 24 de mayo la STPS habilitó la plataforma para el registro de empresas dedicadas a la subcontratación, el cual quedará bajo el mando de la Unidad de Trabajo Digno, encabezada por Alejandro Salafranca. Estar inscritas en ese padrón es un requisito fundamental para poder operar, recordó.

Las subcontratistas deberán identificar a todo su personal, para que no haya duda de cuál es la empresa responsable laboralmente de cada trabajador o trabajadora. También se le otorgará un folio específico para el tipo de actividad u obra especializada que ofrezca.

Advirtió que las empresas que contraten los servicios de subcontratistas deben verificar que ese folio esté vigente. De no estarlo, podrían también estar cayendo en una actividad ilegal, por lo que los pagos que hagan no serán deducibles y el IVA no sería acreditable. El funcionario recomendó acercarse a las autoridades laborales y fiscales para resolver todas las dudas y pedir las respuestas por escrito.