Han transcurrido un poco más de tres meses desde que se publicó una reforma legal que ha generado un gran impacto en materia obrero-patronal, enfocada en eliminar la subcontratación laboral y solo permitir la tercerización de servicios especializados.

Los plazos otorgados por los transitorios han sido insuficientes, lo que generó que el Poder Legislativo convocara a un periodo extraordinario para reformarlos y permitir que las empresas tengan más tiempo para cumplir las nuevas disposiciones. El 31 de julio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para ampliar el plazo de cumplimiento hasta el 1 de septiembre de 2021.

Ante la necesidad de ampliar el plazo para el cumplimiento de la llamada “reforma a la subcontratación”, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social se posicionó el 28 de julio de 2021 con respecto al periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión con el objeto de apoyar la ampliación de los plazos de implementación de la reforma y dar certeza jurídica.

El Consejo Técnico expresó que como representante de los sectores obrero y patronal ha sido testigo de la voluntad de cumplimiento por parte de las organizaciones, y que con corte al 25 de julio de 2021, 2.3 millones de trabajadores han migrado de una empresa prestadora de servicios de personal a otra compañía, e incrementos del salario base de cotización de 12%, pasando de 472.50 a 529.40 pesos, lo que demuestra que aunque hay varios retos, complejidades, dudas e incluso temas de certeza jurídica en la aplicación de esta reforma, también existe voluntad por parte del sector patronal.

En lo laboral, son varias las situaciones que se han presentado, desde la comunicación y acuerdos con trabajadores y sindicatos para respetar antigüedad y derechos económicos, hasta la definición clara y precisa de qué empresas deben registrarse como prestadoras de servicios especializados, así como problemas para registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como empresa prestadora de servicios especializados mediante la plataforma Repse que  se dispuso para tales efectos.

Si bien la reforma establece que por prestadores de servicios especializados se refiere a aquellas empresas que brindan servicios distintos del objeto social o actividad económica del contratante, y que ponen a disposición del contratante trabajadores para el desarrollo de los trabajos contratados, la proveeduría está en riesgo de perder continuidad en varios sectores, debido a que no hay la claridad necesaria en la definición de las empresas que deben registrarse como prestadoras de servicios especializados; algunas han optado por solicitar al 100% de sus proveedores que se registren en el Repse, sin que necesariamente todos estén obligados, ante el temor de tener problemas de deducibilidad del gasto y acreditamiento del impuesto al valor agregado (IVA).

Por otro lado, el Repse solicita varios requisitos para poder registrarse, entre ellos, que la empresa contribuyente no tenga adeudos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS,) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En este sentido, existe falta de actualización de la información y el registro no se puede obtener de inmediato.Tal es el caso del Infonavit: en la información de las empresas aparecen adeudos como “vigentes”, pero son por periodos ya prescritos o improcedentes porque el Infonavit no logra considerar en su sistema los ausentismos o incapacidades. Esto genera que las organizaciones destinen tiempo a cancelar o aclarar créditos fiscales que en ocasiones ni siquiera fueron notificados debidamente.

Ante el IMSS, uno de los mayores problemas es no poder mover al personal que se encuentra incapacitado de un patrón a otro, ya que las disposiciones actuales prohíben su baja en periodo de incapacidad, lo que genera que no se pueda completar al 100% el movimiento de trabajadores y, por ende, no dar cumplimiento total al Quinto Transitorio para aquellas prestadoras de servicios de personal que contaban con un registro patronal por clase; de acuerdo con dicho transitorio, esos registros deben darse de baja. El punto es ver si para el 1 de septiembre de 2021 el IMSS da una solución o facilidad en este tema, ya que a esa fecha pueden existir aún incapacidades de trabajadores vigentes, ya sea por enfermedad, maternidad o riesgo de trabajo.

Fiscalmente, una de las grandes incertidumbres es la relativa a los servicios que prestaron los proveedores calificados como subcontratación de personal hasta el 31 de agosto de 2021, pagados a partir del 1 de septiembre de 2021. La reforma al Código Fiscal de la Federación señala que no se darán efectos fiscales a los pagos que se efectúen por subcontratación de personal, esto genera la necesidad de una disposición transitoria que regule los servicios prestados hasta el 31 de agosto de 2021, pero pagados en septiembre, cuando la reforma entre en vigor.

Sin duda, esta reforma ha tenido muchos aspectos positivos en la recaudación y regulación laboral para los trabajadores y sus derechos; sin embargo, quedan aspectos por definir, posturas de la autoridad y, sobre todo, certeza jurídica para temas ambiguos, como la definición de qué es un proveedor de servicios especializados y qué no.

El tema a revisar es la postura que tomarán las autoridades cuando inicien sus facultades de revisión para validar que los movimientos se hayan hecho correctamente, y el escenario en el que se encontrarán las empresas para hacer frente a estas revisiones.

*El autor es Socio de Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de KPMG en México (@OliverRoman)