Para Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la alianza de organizaciones Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las condiciones laborales en el país sólo podrían clasificarse entre “las peores” y las “menos peores”. En la primera lista se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México y las entidades del sur. En la segunda, la región norte y centro.

No se puede decir que la situación sea favorable en Nuevo León, la entidad con mayor población en un trabajo formal, si ésta apenas rebasa una cuarta parte de las personas en edad y en condición de laborar. Claro que, comparado con ese 27%, Morelos, con apenas 3.8% de sus trabajadoras y trabajadores con seguridad social, está todavía peor, enfatiza.

El exconsultor del Banco Mundial (BM) presentó un ranking de la situación laboral de cada entidad del país. Este comparativo es parte del Semáforo del Trabajo Digno, un instrumento creado junto con la recién fallecida investigadora María Ayala para ubicar el grado de precariedad o el avance en materia de empleo en cada estado del país.

Los resultados generales del semáforo indican que México está en rojo. Hay fuerza laboral potencial de 75 millones de personas, y es potencial porque de ellas sólo cerca de 45 millones tienen empleo, pero de esta población sólo 9 millones podrían decir que su trabajo les da lo mínimo: un ingreso por arriba del costo de la canasta familiar y seguridad social.

Además, otras 24.6 millones que podrían tener un trabajo pagado “están excluidas del mercado laboral” porque están ocupadas en el hogar cuidando de otras personas. El 95% de ellas es mujer, enfatiza Rogelio Gómez.

El semáforo contempla cuatro regiones: norte, centro, sur y valle. En la entrega anterior de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se analizó el comportamiento por zonas geográficas, en esta ocasión se hace un acercamiento a cada entidad federativa sobre cuatro temas: exclusión, precariedad, formalidad e informalidad.

Personas (mujeres) excluidas del trabajo pagado

Estas entidades son las que tienen mayor porcentaje de personas sin empleo, que, como se indicó anteriormente, en su mayoría son mujeres que laboran en su hogar sin remuneración.

  • Veracruz 38.8%
  • Chiapas 38.5%
  • Tabasco 37.9%
  • Hidalgo 36.7%
  • Estado de México 35.9%

Tres de esos estados (Chiapas, Tabasco y Veracruz) son de la región sur; uno del centro, Hidalgo, y uno del valle, Estado de México. La situación de esta última entidad “es de llamar la atención porque dada su población total”, son más de 3.6 millones de mujeres excluidas, comentó el sociólogo.

Del otro lado de la tabla, estas entidades tienen menos población excluida laboralmente. O “están menos peor”, como dice Gómez Hermosillo, “perdón que use esta frase, pero no puedo decir que están mejor si lo mínimo a lo que se llega es a 22%” de exclusión.

  • Campeche 27.1%
  • Baja California Sur 25.3%
  • Yucatán 24%
  • Colima 24%
  • Nayarit 22%

Informalidad vs formalidad, gana la primera

En este comparativo del semáforo se presenta la desigualdad que existe en cada una de las entidades en cuanto a trabajo formal y trabajo informal. Estas personas no están excluidas, sí tienen un empleo, pero es informal, es decir, que no les provee de seguridad social ni salario suficiente para comprar una canasta familiar.

Los cinco estados en peores condiciones son:

  • Puebla, por cada persona con trabajo formal hay 11 con trabajo informal
  • Guerrero, una por cada 10
  • Morelos, una por cada 9
  • Tlaxcala, una por cada 8
  • Chiapas, una por cada 8

Las cinco entidades con la mayor tasa de empleo formal son:

  • Nuevo León, el 26.6% cuenta con un trabajo con las condiciones mínimas decentes. El resto de su población o está excluida o tiene un trabajo precario
  • Nayarit 24.3%
  • Coahuila 24.1%
  • Baja California Sur 24%
  • Sinaloa 19.6%

Propuestas de solución

El Estado de México, Morelos y Tlaxcala son los estados con las peores condiciones laborales, afirma Rogelio Gómez. Las causas del deterioro laboral, sostiene, son el círculo vicioso de la exclusión y la precariedad, los empleos sin condiciones mínimas de defensa y el modelo excluyente de seguridad social.

Por ello, las propuestas de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para pasar al color verde en el semáforo son: igualar el monto del salario mínimo al costo de una canasta familiar (dos canastas básicas) y activar los mecanismos de defensa de los derechos laborales aprobados por la reforma laboral.

Además, el modelo de seguridad social no debe seguir “encadenado al régimen laboral, incluyendo el sistema nacional de cuidados”. Fomentar el sindicalismo democrático es fundamental, señala. Finalmente, ligar las políticas de trabajo digno con otras agendas, como la economía verde, economía social y solidaria, por ejemplo.