Las empresas que cuenten con personal en outsourcing y las que ofrezcan tercerización de servicios que no hayan concluido el proceso de regularización contemplado en la reforma de subcontratación tendrán hasta el 1 de septiembre para hacerlo.

El Congreso de la Unión aprobó la noche del viernes, en un periodo extraordinario, una prórroga para todos los plazos contemplados en el esquema transición de la reforma que se promulgó el 23 de abril pasado. El decreto con la extensión fue publicado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Diario Oficial de la Federación la tarde de este sábado.

De esta manera, los trámites para la transferencia de personal a las nóminas centrales, la sustitución patronal, los cambios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la inscripción en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) y las nuevas reglas fiscales entrarán en vigor el 1 de septiembre.

La reforma de subcontratación prohibió el outsourcing basado en suministro de personal y permitió solamente la tercerización de servicios y obras especializadas que no sean parte de las actividades económicas preponderantes de las empresas contratantes.

De acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2.3 millones de trabajadores han salido ya del outsourcing, con un aumento de 12% en su salario base de cotización al pasar de 472.5 a 529.4 pesos por día. Esto representa un avance del 50% de la población que se estima que labora en esta modalidad.

Además, más de 70,000 empresas han iniciado su inscripción al Repse que administra la STPS. De ellas, 25,500 concluyeron el trámite.

La titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, destacó que esta ampliación de plazos le permitirá a las empresas concluir el proceso de regularización por el cual ya se ha beneficiado un número importante de trabajadores.

El Congreso aprobó ampliar un mes el plazo para que las empresas concluyan con su regularización en materia de subcontratación. Fecha límite 1 septiembre. Por esta reforma, más de 2 millones 300,000 trabajadores han salido del esquema de outsourcing reconociéndoles sus derechos”, expresó en su cuenta de Twitter.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados propuso inicialmente ampliar la prórroga hasta el 1 de enero del 2022, tal como lo planteó el PAN en el Senado de la República, sin embargo, ésta fue rechazada por los partidos afines al gobierno federal y se aprobó la iniciativa de Morena de autorizar una extensión únicamente hasta el 1 de septiembre.

Prorrogar la fecha de vencimiento hasta el próximo año es “dilatar el cumplimiento de los derechos laborales de todos los trabajadores” que laboran para esas compañías, señaló en entrevista la diputada Anita Sánchez Castro (Morena), secretaria de la Comisión del Trabajo en San Lázaro.

De acuerdo con el dictamen de las comisiones unidas del Trabajo y de Hacienda finalmente avalado en San Lázaro, “ampliar el plazo hasta enero de 2022 iría en contra del espíritu del Decreto publicado el 23 de abril”. De hacerlo, “significaría dar cabida a continuar con las violaciones de derechos laborales que se mantuvieron por décadas y que se pretenden eliminar”.

¿Qué es lo que se prorroga?

Los legisladores modificaron seis de los 10 artículos transitorios del decreto de la reforma de abril. Con ello, cambia el plazo establecido en las leyes Federal del Trabajo (LFT), del Seguro Social (LSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). También, en el Código Fiscal de la Federación y en las leyes de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR)

Las empresas tendrán hasta el 1 de septiembre para:

  • Trasladar al personal que estaba bajo el régimen de subcontratación a sus propias nóminas reconociendo la antigüedad y los derechos laborales de la plantilla transferida.
  • Solicitar al IMSS la asignación del registro patronal que le corresponde como empresa de prestación de servicios u obras especializadas y dar de baja los anteriores.
  • Solicitar su registro en el Repse, requisito obligatorio para poder ofrecer servicios de subcontratación en la nueva modalidad.
  • Empezar a entregarle al IMSS informes cuatrimestrales respecto de los contratos de tercerización realizados, con el detalle de los datos de las empresas participantes y los trabajadores involucrados.

Además, en esa fecha entrarán en vigor las disposiciones fiscales de la reforma que impiden acreditar y deducir del ISR y el IVA los gastos asociados al pago de contratos por subcontratación laboral, además de tipificarse el outsourcing de personal como defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel.

Mientras más pronto las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, “más certidumbre y protección” de sus derechos tendrán las trabajadoras y los trabajadores, apuntó en tribuna Manuel Baldenebro, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.

El Senado de la República, por su parte, reconoció que muchas empresas han mostrado disposición para cumplir y han expresado la necesidad de contar con un plazo mayor para cumplir con las nuevas obligaciones. “En un ánimo de cordialidad, entendimiento y apertura, se considera que ampliar un mes el periodo realizar todos los ajustes que esta reforma conlleva y, así, apoyar tanto a las empresas como a sus trabajadores”, se destaca en el dictamen aprobado.