A contrarreloj, literalmente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión intentará nuevamente convocar a un periodo extraordinario de sesiones para tratar de extender los plazos de transición de la reforma de subcontratación. Una de las fechas clave para la aplicación de las nuevas reglas es el 1 de agosto y si los legisladores no logran ponerse de acuerdo para una prórroga, el panorama para las empresas no es será sencillo, coinciden especialistas consultados.

En los términos actuales de la reforma, el 1 de agosto entran en vigor las disposiciones fiscales del nuevo régimen de subcontratación y casi cuatro semanas después vence el plazo para que las empresas que quieran participar en la tercerización de servicios especializados se inscriban en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) que administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Muchas empresas seguramente estarán en incumplimiento si no se aprueba. Lo que vendrá primero es la actuación de las autoridades laborales y fiscales para verificar que estén cumpliendo, ante estas inspecciones y auditorias se tendrá que analizar si se está cumpliendo o no”, apuntó Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El representante empresarial comentó que las empresas van a poder seguir operando mientras se encuentran en la etapa de regularización, pero el riesgo en materia fiscal es que, en caso de una auditoría en la que las autoridades identifiquen que el negocio no cumplió con las nuevas reglas antes del 1 de agosto, se podría dar paso a multas.

A partir del 1 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede rechazar las facturas emitidas por concepto de subcontratación perdiendo efectos de deducibilidad para las empresas contratantes.

“Las empresas que no hayan cumplido con la reestructura correspondiente, las facturas que se emitan entre compañías podrían no ser deducibles y ese es el principal tema que hoy se tiene”, expuso Óscar de la Vega, socio de la firma D&M Abogados.

El especialista resaltó que la iniciativa privada enfrenta dudas con respecto a las actividades sujetas y las que no deben inscribirse al Repse, debido a que no hay un documento donde expresamente se indique que las actividades derivadas de relaciones mercantiles o civiles no deban inscribirse en el padrón.

Sin embargo, si en medio de la incertidumbre un negocio, por ejemplo, de mantenimiento de elevadores, se inscribe al Repse, pero sus servicios derivan de relaciones mercantiles o civiles, “la empresa que contrate el servicio es responsable solidaria de quien llega a dar el mantenimiento. Además, esa empresa asume una serie de obligaciones cuatrimestrales ante el IMSS y el Infonavit”, explicó Óscar de la Vega.

El abogado laboralista subrayó que la falta de criterios claros ha complicado la regularización de las empresas y sin una extensión, el panorama sería más delicado.

Al igual que la prórroga que otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el cumplimiento de las disposiciones de seguridad social, en el caso de que el Congreso no logre un acuerdo, explicó Juvenal Lobato, en el terreno fiscal el SAT puede emitir una resolución miscelánea para dar más tiempo a las empresas que se encuentran en la etapa de transición.

“Tendría que incluirse una regla específica que establezca que para la entrada en vigor del efecto fiscal de los comprobantes fiscales de subcontratación de personal no será exigible hasta el 1 de enero o 1 de septiembre, la fecha que ellos decidan. Pero tendría que establecerse una regla específica”, detalló el representante de la Coparmex.

En el aspecto laboral, Óscar de la Vega consideró que la Secretaría del Trabajo, por su parte, podría prorrogar el inicio de las inspecciones para ampliar el plazo de regularización de las empresas.