Pedro César Carrizales, bautizado en el barrio como El Mijis, es diputado local en el Congreso de San Luis Potosí. En octubre pasado comenzó a difundir su propuesta de seguridad social para reclusos. En estos meses, el legislador ha detallado más su iniciativa que será presentada antes de junio de este año en el Congreso de la Unión.

“Esta propuesta es tan ambiciosa e histórica como la reforma energética. Se tendrán que reformar aproximadamente ocho artículos constitucionales”, dice Pedro César Carrizales en entrevista con Factor Capital Humano.

El Mijis no detalla cuáles serán los artículos que se reformarán, pero asegura que la iniciativa no se ha presentado porque debe estar bien hecha y detallada. Por ejemplo, ha sido complejo definir quiénes no tendrán seguridad social.

En ese punto, ya tiene más clara su propuesta, pero todavía queda mucho trabajo por delante.

La seguridad social no puede otorgarse a todos los reclusos. Pedro César Carrizales propone definir perfiles que pueden tener derecho al servicio de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Los violadores y homicidas no tendrán derecho a la seguridad social, al menos en su propuesta.

“En el barrio hay códigos, por ejemplo, el que viola y mata no tiene perdón. Son los primeros que están descartados”.

Pero los homicidios en defensa propia son casos distintos que encajan en el perfil para tener acceso al IMSS e Infonavit, a esa lista se suman los que han sido sentenciados por delitos menores y por supuesto, los que son inocentes, de los cuales, afirma El Mijis, hay muchos en las cárceles mexicanas.

“Cuando tú pides un empleo, tienes que cubrir un perfil. Sino lo cubres, no tienes el empleo, eso no es discriminación. Lo mismo ocurre con esto”.

Seguridad social, derecho que no se puede perder

Los reclusos pierden sus derechos civiles, pero la seguridad social es un derecho laboral que no les pueden quitar a los internos que trabajan, porque generan una riqueza para el patrón, dice Carrizales.

Pero el negarles a los internos ese derecho laboral no es el único problema en el mundo del trabajo penitenciario. El Mijis asegura que nadie sabe cuántos reclusos trabajan dentro de las cárceles. No existe un registro ni en los estados, ni en la federación.

Lo que sí se sabe, comenta el diputado local, es que una de cada cuatro personas en libertad reincide en el delito, de esos, uno de cada tres lo hace en los primeros seis meses de libertad.

Empleo dentro y fuera de la cárcel

La propuesta se tiene que complementar con el compromiso de la iniciativa privada de conservarle el empleo a la persona una vez que consiga su libertad. Hay algunas empresas que sólo los contratan cuando están adentro y afuera no, en ciertos casos, por los antecedentes penales. Eso sí es discriminación.

Cuando un recluso queda en libertad, en muchas ocasiones su familia está desintegrada y no tiene papeles, si a esto se suma que no encuentra las oportunidades para su reinserción como acceso a un empleo, su única alternativa es contactar a las personas que conoció adentro del penal y volver a delinquir, sólo que ahora la violencia y el delito incrementan.

“Si durante su sentencia los reclusos están trabajando, en ese lapso podrían acceder a una casa y la tienen con base en una cultura de trabajo. Cuando salgan, tendrán a su familia y algo por qué luchar, porque tendrán que pensar en terminar de pagar su vivienda”.

Impacto económico y social positivo

El Mijis piensa a futuro y no precisamente en temas políticos. El también activista considera que su propuesta ayudará a garantizar una reinserción social porque además de que los reclusos puedan tener una casa cuando obtengan su libertad, cada exinterno puede ser un aliado del Estado para llevar programas de prevención al delito a los barrios.

En el barrio, narra Carrizales, la persona que sale de la cárcel es respetada porque “aguantó adentro”. Los programas gubernamentales para prevenir delitos en muchas ocasiones no funcionan porque las autoridades no les preguntan a los jóvenes qué es lo que realmente necesitan.

Las ferias de empleo, por ejemplo, no tienen éxito en el barrio porque las vacantes son para trabajar en fábricas, lo que significa estar encerrado. Para un “chavo banda”, a como los llama El Mijis, que está acostumbrado a la libertad, encerrarse en una fábrica es lo equivalente a una estancia en la cárcel.

En sus quince años de activismo a Pedro César Carrizales le ha funcionado promover el autoempleo como estrategia de prevención del delito. Pero lo ha hecho con oficios como pintar casas o tunear – modificar – autos.

Por otra parte, la iniciativa será un beneficio para los contribuyentes. El servicio médico con el que cuentan los internos, es financiado por el Estado; es decir, con los impuestos. En caso de aprobarse su propuesta, sería el propio recluso quien pagaría su seguro social.

Elevar los salarios dentro de las cárceles

Carrizales lo sabe, para que esto funcione también hay que elevar los sueldos de los reclusos. Un empleo bien pagado dentro de un penal es cuando se recibe 4 mil pesos mensuales, a veces no es lo suficiente para sobrevivir, dice el legislador.

Por ejemplo, algunas empresas encargan piezas como un cinturón o un par de tenis bordados a mano, que pueden tomarle dos días de trabajo a un interno y pagan 150 pesos por producto. Esas piezas las venden entre los 3,500 y 5,000 pesos en sus tiendas. “Tienes ahí puros esclavos, esclavos disfrazados”.

Los reclusos representan una buena fuerza laboral. Son pacientes en el trabajo porque lo desarrollan durante su estancia en la cárcel. Saben adaptarse al cambio y son disciplinados, apunta El Mijis.

“En donde he estado, los reclusos trabajan bien porque es un escape del encierro y se les hace un modo de vida. Se vuelven disciplinados porque no quieren perder ese ingreso que tienen y que ayuda en casa”.

Pedro César Carrizales dice que hay varias empresas interesadas en sumarse a su propuesta, especialmente las maquiladoras.