El Estado mexicano ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las empleadas del hogar, y éste entró en vigor en el país el pasado 3 de julio, “pero hasta ahora su acción continúa siendo mínima” para implementarlo, señaló Marcelina Bautista, defensora de los derechos de esa población.

Que la afiliación a la seguridad social sea obligatoria e incluyente, la inspección laboral y una legislación clara para proteger a las trabajadoras de 15 a 18 años de edad son algunos de los principales retos para el cumplimiento del convenio, indicaron funcionarias, legisladoras y activistas.

La senadora Patricia Mercado informó que la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta presentó una iniciativa para que la afiliación de las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sea obligatoria.

Al estar firmada por todos los integrantes de ese órgano legislativo, la dictaminación sería prácticamente un hecho una vez que inicie la próxima legislatura en septiembre, dijo. Sin embargo, debido a que trabajadoras del hogar y organizaciones sociales no están de acuerdo con algunos puntos de la propuesta, adelantó que convocarán un parlamento abierto.

Una de las principales inconformidades es el requisito de laborar mínimo 20 días para tener el derecho a la seguridad social el mes completo siguiente, como actualmente opera la segunda fase del programa piloto del IMSS.

Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, e Indra Rubio, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), coincidieron en señalar este requisito como un posible obstáculo para incluir a la mayoría de las trabajadoras.

Indra Rubio presentó varias recomendaciones para el programa piloto. Una de ellas es el “ajuste de la cobertura para las trabajadoras que no cuentan con los 20 días laborales o el salario mínimo mensual. Las trabajadoras tienen varios patrones o deben completar esta actividad con otros empleos”, esto hace que las trabajadoras sólo reciban atención los días que trabajan.

De acuerdo con la activista, este tema “es el más recurrente de queja o de molestia de parte también de las personas empleadoras”.

Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, explicó que el instituto inició un programa piloto en 2019 “sin saber las características que imperaban en el sector”, pues no había suficiente información al respecto. “La prueba piloto nos abrió el panorama para saber cómo teníamos que tratar a este colectivo, con qué flexibilidades”.

Contrario a lo que suele ocurrir, que el Congreso legisla y el Instituto lo implementa y, en la medida de lo posible lo flexibiliza, “acá fue al revés, el programa piloto dio los insumos para legislar”, indicó.

Cultura discriminatoria, el gran reto

El Convenio 189 se creó en 2009, pero fueron más de 30 años de trabajo para lograr el acuerdo, indicó Pedro Américo Furtado, director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba. Ya 31 países lo han ratificado, 14 de ellos son de América Latina, México entre ellos, agregó.

Sin embargo, “la entrada en vigor del Convenio 189 no salda la deuda histórica con las personas trabajadoras del hogar, sino que sólo abre el camino para comenzar a restituir sus derechos”, apuntó Marcelina Bautista, líder de ese movimiento laboral.

En 2019, el Congreso aprobó varias reformas para reconocer esos derechos antes incluso de ratificar el convenio, mencionó la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano. Pero uno de los retos es la regulación e implementación de la inspección laboral. También el acceso a la vivienda.

Otro gran desafío es que este tema tenga un espacio en la agenda legislativa, reconoció. Producto de la diversidad e intereses de las fracciones parlamentarias y de los propios temas que propone el gobierno federal, “el Congreso se satura”.

En la legislatura de la paridad, con diputadas y senadoras feministas, es que estas reformas pudieron lograrse. Pero el desdén que se sigue teniendo de él dentro de las Cámaras quizá tenga que ver con algo que Geraldina González de la Vega mencionó: entre 2013 y 2021 el Copred solamente ha recibido 57 quejas de trabajadoras del hogar, “pero el número de casos es mucho mayor”.

En un sistema racista, sexista, clasista, montado en privilegios, difícilmente puede haber avances significativos, dijo, “por más que hagamos cambios en las instituciones, mientras sigamos con esa cultura, será como una mesa que cojea de una pata”.