“Yo nunca había estado asegurada, era la primera vez. Pero ya ve, el gusto me duró poco”. Rumbo a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la señora Guadalupe Acosta pensaba que por fin tendría una buena atención médica, esa confianza le atenuaba el malestar por la diabetes. Pero al llegar, le dijeron que su cobertura era sólo por los días que labora “en la casa de sus patrones”, o sea, no aquel en que ella se sentía mal.

La segunda fase del programa piloto para empleadas del hogar, “desafortunadamente, es ineficiente y discriminatoria. No refleja la cobertura como debería y tiene varias deficiencias técnicas para acceder”, sostiene María de la Luz Padua, una de las tres secretarias colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho).

De vuelta a casa, Guadalupe Acosta dudó, pero al fin le llamó a una de sus dos empleadoras, la que había accedido a inscribirla al IMSS. “Dicen que hay pagar más días para que pueda ir cuando lo necesite”, le informó. “Mira, Lupe, yo te quise apoyar, pero así ya no. Dime si quieres trabajar o mejor busco a alguien que me resuelva los problemas, no que me los dé”, fue la respuesta.

En noviembre de 2020 el IMSS lanzó la segunda fase de este programa piloto, que inició en abril de 2019. En la primera, las trabajadoras debían ganar un salario mensual de al menos 3,183 pesos para ser afiliadas. Muchas, sobre todo al interior de la República, quedaban fuera porque les pagan muy poco.

En el nuevo esquema, el instituto eliminó ese requisito y lo cambió por una cotización de al menos 20 días para tener derecho a la cobertura de todo el mes posterior al pago. Esto afecta a quienes laboran de entrada por salida con diferentes personas y que no completan ese periodo, que es la mayoría.

Más afiliación, menos días

Antes de la pandemia, más de 2.4 millones de mujeres, se dedicaban al trabajo del hogar remunerado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pero con la crisis económica que desató la covid-19, en junio de 2020 poco más del 30% perdió su empleo.

Ya para mayo de este 2021 el Inegi reportó 2.1 millones de personas laborando en ese sector. Así que todavía unas 300,000 trabajadoras no han podido reincorporarse.

En este tiempo la inscripción al IMSS ha ido aumentado. El 2020 inició con 16,397 trabajadoras afiliadas, para junio la cifra subió a 23,057 y en mayo pasado ya eran 32,899. Sin embargo, aunque la incorporación ha sido sostenida, apenas representa el 1.3% del total de personas que laboran en este sector.

El programa piloto fue creado en 2019 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque la Ley del Seguro Social (LSS) dejaba a voluntad de empleadoras y empleadores inscribir a las trabajadoras al IMSS. Esta prueba, entonces, es para transitar hacia un régimen obligatorio.

Uno de los principales cambios de la fase 1 a la 2 de este piloto es que la responsabilidad de la inscripción recae en quienes las contratan. Con ello atienden dos problemas, dice Indra Rubio, investigadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB): la brecha digital, pues no todas cuentan con Internet, computadora o correo electrónico para realizar el trámite, y lo más importante, ya no tienen que poner de acuerdo a todas las personas que las emplean para que hagan el pago.

Pero el principal problema es que si no trabajan todo el mes, no pueden tener la cobertura completa del siguiente, lamenta Marcela Azuela, presidenta de Hogar Justo Hogar, una organización de empleadoras. “Es un absurdo, porque las enfermedades o los accidentes no se van a presentar el día que sí tiene cobertura la trabajadora”.

También señala el problema de la acumulación de semanas de cotización para el retiro, pues de esta manera será difícil que las alcancen. Azuela ha tenido comunicación con autoridades del IMSS para plantearles estos problemas, sin embargo, la respuesta ha sido que la situación financiera del instituto les impide otorgarles toda la cobertura.

Con las del sindicato

Para poner estos cambios “no hubo acercamiento con el sindicato, ni la apertura de escucharnos, a pesar de que nosotras vivimos esto o escuchamos los testimonios de nuestras compañeras”, señala María de la Luz Padua. “Hemos insistido en reunirnos con directivos, pero nos encontramos con la burocracia de los procesos, pasar de persona en persona para llegar con el responsable”.

Además, agrega, la difusión del programa ha sido insuficiente. “Sobre todo, faltan campañas de información que le hablen a las personas empleadoras, que les digan las responsabilidades y obligaciones que tienen que asumir”, apunta Marcela Azuela.

“Al final, me quedé sin ese trabajo”, cuenta Guadalupe Acosta. “Todavía voy con la otra señora, pero desde el principio me dijo que no podía pagarme el seguro”. Con ella va dos veces por semana de manera segura y ocasionalmente algún otro día.

Se ha puesto a buscar otra casa para completar los 750 pesos semanales que está percibiendo ahora. “Pero mejor voy con las del sindicato. El otro día vi en la televisión a unas trabajadoras como yo que hicieron uno y anoté el teléfono, las voy a llamar”.