La primera controversia laboral resuelta mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dejó importantes disposiciones que deberán acatar General Motors (GM) Silao y el Sindicato Miguel Trujillo López. Por ejemplo, la inclusión del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como entes observadores de las votaciones para legitimar el contrato colectivo de trabajo (CCT) y sanciones sindicales puntuales.

En abril pasado, la plantilla de más de 6,000 personas se disponía a votar a favor o en contra del CCT, el cual fue negociado por el sindicato que dirige Tereso Medina. Pero el proceso tuvo que ser suspendido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Quema de boletas por parte de delegados sindicales y hostigamiento de la empresa hacia el personal para inducirle a avalar el contrato son sólo algunas de las irregularidades que pudieron confirmar las autoridades. Pero le antecedieron despidos injustificados y diversas represalias si se mostraba una actitud disidente, según han denunciado a El Economista trabajadoras y trabajadores en activo y separados de sus cargos.

Este jueves el gobierno estadounidense dio a conocer el documento Curso de remediación para abordar la denegación de derechos en relación con el proceso de legitimación en General Motors en Silao acordado entre los Estados Unidos y México. En él se detallan los 20 compromisos a los que las autoridades de nuestro país se comprometen a llevar a cabo o a vigilar que se realicen.

Uno de ellos dice que la STPS, junto con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), actualizará el protocolo para la legitimación de los CCT, “con base en las experiencias extraídas” del proceso de GM Silao.

La nueva versión fortalecerá las capacidades de fiscalización, investigación y sanción del CFCRL. Y tendrá que tomar en cuenta que las violaciones pueden ocurrir antes, durante y después de la votación.

Además de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la consulta será observada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras el personal del INE estará presente en los días de la votación, el de la OIT acudirá desde que se anuncie la votación hasta un día después de que concluya el recuento de votos.

A esto está obligado el sindicato

El Sindicato Miguel Trujillo López, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), deberá repetir el proceso de legitimación del contrato colectivo a más tardar el 20 de agosto. La nueva convocatoria tiene que ser publicada “al menos 15 días hábiles antes de la fecha de la consulta”.

El punto número 6 del acuerdo indica que, si el sindicato no realiza la consulta en ese plazo, “se dará por terminado el CCT”. Esto abriría la puerta para que se negocie otro contrato con otro sindicato. El acuerdo especifica que en tanto eso pase, los beneficios y condiciones laborales reconocidas por el anterior contrato seguirán vigentes.

El día de las votaciones sólo podrá estar presente el grupo de dirigentes sindicales aprobado por la STPS, desempeñando únicamente las funciones que la dependencia les autorizó.

Trabajadores y trabajadoras han informado a este medio que, según les han indicado delegados sindicales, la nueva jornada de votación podría llevarse a cabo los días 16, 17 y 18 de agosto.

Los compromisos de la STPS

Las fechas, horarios y lugares para la consulta serán validados por la STPS para asegurar que cumplan con las condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad y neutralidad.

Los inspectores de la dependencia debieron comenzar a llegar a la planta de GM a partir de este sábado 10 de julio. Desde entonces, estarán presentes todos los días hasta el final de la jornada de votación. La primera semana serán ocho inspectores y, conforme se acerque la fecha de consulta, el número aumentará progresivamente hasta que sean 32.

Algunas de sus funciones serán:

  • Investigar y verificar “proactivamente” las condiciones de la consulta. Es decir, sin esperar a que reciban una denuncia. “Esto incluye identificar, documentar y tomar medidas para corregir y sancionar la desinformación, la intimidación y las represalias” en relación con el proceso de legitimación”.
  • Todos los días realizarán entrevistas aleatorias a trabajadores y trabajadoras en el transporte proporcionado por la empresa, en los lugares de recogida y devolución de esos traslados, así como en las instalaciones.
  • Documentar “la mala conducta presunta u observada para que la STPS tome medidas correctivas o punitivas”.
  • Corroborar que quienes acudan a sufragar estén en el registro de votantes elegibles aprobado por la STPS, que exhiban su identificación y voten una sola vez.
  • Verificar que el área de votación sea segura.

La Secretaría deberá prohibir que la empresa o el sindicato “requieran o pidan a cualquier trabajador que firme páginas o documentos en blanco por cualquier motivo”. Según Israel Cervantes Córdoba, extrabajador de la armadora y dirigente Generando Movimiento, un grupo crítico al sindicato, esto ya está ocurriendo.

“El sindicato le ha pedido a varias personas que trabajan en la planta que firmen una hoja en blanco”, sostiene en entrevista. De acuerdo con el trabajador, quien fue despedido en 2019 de manera injustificada a partir de su disidencia sindical, como ha insistido, los delegados gremiales les aseguran que ese papel firmado es para protegerlos ante cualquier suceso.

Obligaciones de la empresa

General Motors de Silao se asegurará de que supervisores, jefes o jefas de equipo o personal de Recursos Humanos no estén presentes en el área de votación. Tiene que comprometerse a que esta vez no intimidarán a los trabajadores y las trabajadoras para que voten en un sentido.

De acuerdo con la abogada Patricia Juan Pineda, asesora legal de los trabajadores que denunciaron las malas prácticas del sindicato y de la empresa, en las votaciones fallidas de abril pasado personal de la empresa les acompañaba desde sus lugares de trabajo hasta las urnas y en el trayecto les pedían votar a favor del CCT.

En el acuerdo quedó estipulado que la empresa no formará parte ni respaldará el contenido de ninguna reunión sindical. No obstante, trabajadoras y trabajadores en activo han comentado a El Economista que estas semanas se han llevado a cabo sesiones informativas convocadas por el sindicato, pero en las que ha estado presente personal de GM, en las que les advierten de los peligros de no aprobar el contrato colectivo.

General Motors Silao también está obligada a hacerle saber a su plantilla “que la empresa no cerrará si no se ratifica el contrato”.

Sobre las votaciones de abril pasado

GM corregirá “las represalias tomadas en relación con el proceso de legitimación”, incluida la votación de abril. Las medidas deben incluir, entre otras:

  • El personal afectado será restituido en los puestos, horarios o funciones que realizaba.
  • Pagar una compensación por cualquier pérdida financiera a raíz de estos castigos impuestos a los trabajadores y las trabajadoras.
  • Investigar cualquier caso de represalia del que se tenga conocimiento y tomará medidas de inmediato.

También la STPS investigará “rápida y exhaustivamente todas las denuncias de represalias de las que tenga conocimiento”, para lo cual la compañía le dará todas las facilidades para la indagatoria. Además, la compañía permitirá que los inspectores ingresen a las instalaciones cuando lo requieran y les darán acceso a los registros de la empresa y otra documentación.

GM Silao acatará “cualquier acción correctiva que la STPS considere apropiada”, se especifica en el documento.