El sistema de justicia laboral emanado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) dio origen a nuevas autoridades para la protección de los derechos de los trabajadores: centros de conciliación y tribunales laborales. Sin embargo, esto no representa la desaparición de instancias que durante años han velado por la defensa de la fuerza laboral.

“Las procuradurías de la Defensa del Trabajo no están en extinción. En la reforma laboral de 2019 se incrementaron sus facultades para apoyar a los centros de conciliación”, expone en entrevista Carolina Ortiz Porras, titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), los centros de conciliación locales, los tribunales laborales federales y locales, la Profedet y sus homólogas en los estados, y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) son las autoridades que convergen en el nuevo modelo de justicia laboral que ya opera a plenitud en ocho entidades del país y con el cual, inició la despedida de las juntas de conciliación y arbitraje.

En estos momentos, explica Ortiz Porras, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo interviene tanto en el nuevo esquema de solución de conflictos como en el antiguo. En cada uno, las facultades son diferentes.

“Es la única institución que lleva los dos modelos de justicia laboral. Llevamos los asuntos que todavía no entran en la etapa de implementación, como los asuntos de la nueva etapa. En esta nueva etapa, la conciliación es fundamental para encontrar soluciones ágiles a todas las controversias”, subraya.

La Profedet en el nuevo modelo de justicia se encarga de la asesoría y representación jurídica federal de las personas trabajadoras, así como la solución de conflictos a través de procedimientos de mediación o acompañamiento en la conciliación.

“En el nuevo modelo de justicia, la Profedet sólo acompaña a los trabajadores, beneficiarios o sindicatos, pero ya no realiza convenios, éstos son procesados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, detalla la titular del organismo desconcentrado.

Esto significa que en las entidades donde se implementa la reforma de 2019, los trabajadores que acudan a esta institución serán acompañados en las oficinas de representación del CFCRL para realizar los convenios, con carácter de sentencia definitiva.

“En las mismas instalaciones de las representaciones del Centro Federal de Conciliación hay procuradores, si quieren llegar a un convenio, ahí mismo tenemos la oportunidad de derivarlo. Pero si desafortunadamente no alcanzaron el convenio y quieren iniciar un juicio, también tenemos la posibilidad de ofrecer los servicios gratuitos de representación jurídica”.

En los estados donde aún no se implementa la reforma al sistema de justicia, la Procuraduría ha logrado resolver favorablemente 1,140 mediaciones en lo que va de 2021, recuperando 86 millones 422,000 pesos a favor de los trabajadores.

Al menos en el modelo anterior, los despidos son la razón principal por las que se realizan las mediaciones, seguido de los retiros voluntarios y prestaciones. Sin embargo, en los estados donde se incorpore el nuevo mecanismo, el CFCRL y los centros de conciliación atenderán estos asuntos, apunta Carolina Ortiz Porras.

¿Quién es quién?

Entre las autoridades que participan en la nueva justicia laboral, que tiene una carga importante en la conciliación, la Procuraduría y el Instituto Federal de la Defensoría Pública eran las instituciones donde se corría el riesgo de una duplicidad de funciones, pero esto quedó resuelto a través de un convenio entre ambas instancias.

En ese sentido, mientras la Profedet se encargará de los procedimientos de mediación y el acompañamiento en la conciliación, el rol del IFDP será representar legalmente a trabajadores y empleadores durante los juicios en los tribunales laborales.

“Establecimos un acuerdo para dar un mejor servicio a los ciudadanos que tengan un conflicto laboral. El primer aspecto, es que la Profedet no puede representar a patrones, aunque sean micro y pequeños empresarios, porque la ley sólo nos faculta para atender a trabajadores, beneficiarios o sindicatos”, comenta la funcionaria federal.

El nuevo mecanismo de solución tiene contemplado dos etapas: la primera, un proceso de conciliación que se realiza ante el CFCRL o centros de conciliación locales; en caso de agotarse este procedimiento sin alcanzar un acuerdo, se puede iniciar un juicio ante un tribunal laboral, salvo algunos casos en los que podrá iniciarse el juicio sin pasar por la mediación.

El reto del modelo

Carolina Ortiz asegura que este es el mejor modelo para resolver conflictos entre trabajadores y patrones, garantizando una justicia pronta y expedita.

“El tiempo era frustrante y era una de las formas de presionar a las personas para llegar a un arreglo por tres pesos, porque los juicios duraban años. Ahora, con el nuevo modelo, la conciliación prejudicial no puede exceder los 45 días. No se trata de darle largas a los problemas, sino de sentar a las partes para ver si se puede solucionar antes de ir a juicio”.

Pero a pocos meses de su implementación, la procuradora opina que el mayor desafío se encuentra en el conocimiento de los trabajadores sobre las instituciones a las que pueden acudir para la defensa de sus derechos. “Tenemos el reto de que todos los trabajadores conozcan la Profedet, que se encuentre en el imaginario colectivo”, señala.

La procuradora expone que uno de los desafíos actuales es mostrarles a las personas trabajadores que ya existe una justicia laboral en la que el proceso de conciliación debe ser expedito y que existen instituciones de apoyo gratuito.