A la distancia de los meses en los que la covid-19 sofocaba con más fuerza al país, los resultados del daño se van conociendo mejor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer esta semana que la población en México que cotizaba en algún esquema de seguridad social disminuyó de cerca de 21 millones en 2019 a 19 millones en 2020.

Alrededor de 2 millones de trabajadoras y trabajadores dejaron de aportar para una pensión, acumular semanas para un día jubilarse, tener derecho a una incapacidad pagada o al acceso directo a los servicios de salud, según el reporte Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en marzo de 2020 más de 120,000 personas pidieron una parte de su dinero acumulado porque se quedaron desempleadas. Tres meses después, en junio de ese año, el número de retiros subió a más de175,800.

A pesar de que el empleo formal se ha ido recuperando, la gente ha seguido haciendo retiros por desempleo. En septiembre pasado se crearon más de 174,000 nuevos empleos formales, pero otras 170,573 personas sacaron dinero de sus cuentas de ahorro para la jubilación por desempleo.

La caída de cotizantes a la seguridad social en la región fue de 7.3%, señala el informe de la OIT. Los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, fueron los más afectados, en esas naciones la disminución fue 24.5 por ciento.

La segunda subregión con mayores estragos fue la del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahí la caída en cotizantes fue 5.2 por ciento. “Y, finalmente, Centroamérica y México que experimentó una disminución 1.2 por ciento”.

Cambios en las tendencias

Si bien la mayoría de las personas trabajadoras en América Latina y el Caribe laboraban en la informalidad antes de la pandemia, la región había aumentado el número de cotizantes a la seguridad social. Pero el impacto económico de la emergencia sanitaria arrasó con los avances en la materia logrados en la última década, señala la OIT.

En 2005 sólo 36.6% de la población empleada tenía cobertura de seguridad social. Con altibajos a través de los años, para 2019 la proporción ya era de 46.6 por ciento. En el período 2012-2019 “la cantidad de cotizantes aumentó en 14 millones de personas y la de ocupados en 22 millones, lo que representa un incremento del 14 y 9.6%, respectivamente”.

El año pasado, 216 millones de personas en los 12 países que conforman la región tenían una actividad económica. De ellas, poco menos de la mitad, 105 millones tenían seguridad social, mientras que en 2019 esta proporción era de 113.2 millones. Es decir, 8 millones de trabajadoras y trabajadores en Latinoamérica y el Caribe salieron de la formalidad y con ello, de la seguridad social.

“La destrucción de empleos formales e informales ha sido significativa”. Sin embargo, el desempleo fue mayor para quienes trabajaban en ocupaciones informales, donde no tienen cobertura de seguridad social.

La OIT explica que esto no ha sido así en otras recesiones. “Usualmente el empleo informal absorbía a los trabajadores que dejaban el sector formal y limitaba consecuentemente el aumento del desempleo”.

Pero esta vez, debido a las restricciones sanitarias para frenar los contagios de la covid-19, el sector informal tuvo mucho menos oportunidad de seguir con sus actividades. Estrategias como el home office no eran viables para muchas de las personas en la informalidad y no les quedó de otra que resguardarse en sus casas, sin ingresos y sin la seguridad social que de por sí no tenían.

Pensiones de adultos mayores, el salvavidas

El panorama antes descrito también se observó en México. El país inició el 2019 con más de 55.6 millones de personas ocupadas. De ellas, más de 20.9 millones tenían acceso a los servicios de salud por parte de su empleo y más de 34.3 millones laboraban sin seguridad social, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo estimó que de abril a junio de 2020 más de 12 millones de personas no pudieron seguir laborando o fueron despedidas. Según la OIT, al menos 2 millones de ellas sí tenían seguridad social, pero dejaron de acceder a varios derechos que les otorgaba esa cobertura al quedarse sin empleo.

El último reporte sobre pobreza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que en 2018 sólo el 35% de las personas trabajadoras tenían acceso a la seguridad social. Para 2020 esa población aumentó a 35.8 por ciento.

Sin embargo, señala una caída en 13 de las 32 entidades federativas que va del 0.4 al 4.3 por ciento. La más afectada fue Quintana Roo, donde el turismo es su principal actividad y de las primeras también en detenerse por la crisis de la pandemia.

“En ese escenario las prestaciones no contributivas, en especial en el contexto de la pandemia, tuvieron un rol clave para reducir o evitar el incremento de la pobreza y pobreza extrema”, destaca la OIT.

En abril pasado, el Congreso aprobó una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para elevar a rango constitucional los programas sociales a favor de grupos vulnerables, entre ellos las pensiones para personas adultas mayores.

Actualmente, más de 8 millones de adultos mayores reciben 3,100 pesos bimestrales como pensión. Para 2024, la cifra de apoyo será de 6,000 pesos cada dos meses, según se ha comprometido el mandatario.

De acuerdo con el reporte de la OIT, “en Centroamérica y México se profundiza la falta de ingresos y pensiones para las personas mayores: el 52.7% no cuenta con ingresos, 21% recibe una pensión, 2.4% recibe un ingreso laboral y pensión y 24% percibe solo ingresos del trabajo”.