Los funcionarios públicos no son los únicos que tienen prohibido recibir o pedir regalos u obsequios por motivo de su cargo. A partir de este mes, esta norma se hizo extensiva a su cónyuge, pareja, hijos y otros familiares y personas cercanas.

De acuerdo con el nuevo Código de Ética de los Servidores Públicos elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que entró en vigor este mes, el gobierno federal decidió reforzar la restricción establecida en el marco legal vigente en el apartado de los regalos y el cargo público.

En su artículo 20, el Código establece que “con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, (los funcionarios) no deben aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o similar”.

Este candado incluye ahora a sus familiares –como cónyuge, pareja, hijos, hermanos, padres  y cualquier otro pariente– y terceras personas con los que tengan relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o para socios o sociedades en las que forme parte el servidor público.

Si un servidor público o sus conocidos recibe un obsequio relacionado con su encargo deberá informarlo al Órgano Interno de Control de la dependencia en la que trabaja. El regalo se pondrá a disposición de del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Sí a los reconocimientos

El Código de Ética emitido por la Secretaría de la Función Pública sí permitirá a los servidores públicos recibir reconocimientos de instituciones públicas y académicas, en tanto estos no impliquen compromiso del ejercicio de trabajo ni “contravengan disposiciones jurídicas o administrativas aplicables”.

Este código complementa a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, promulgada el 18 de julio de 2016.

Esta Ley, que reformó a la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 7 ya restringía a los servidores públicos recibir obsequios o regalos de cualquier persona u organización.

Además, prohíbe buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas; incluyendo usar el cargo para obtener un beneficio personal o a favor de terceros.

“La construcción de una nueva ética pública, la recuperación de la confianza de la sociedad en sus autoridades y el compromiso con la excelencia por parte de las personas servidoras públicas, son prioridades del gobierno federal”, expresa la SFP.