La deuda de los gobiernos estatales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el no pago de cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que realizan al salario de los servidores públicos pero que no enteran a la dependencia asciende a 64,000 millones de pesos. El Congreso de la Unión concluyó una reforma que sancionará esta práctica.

El Senado aprobó este jueves, con 85 votos a favor y dos abstenciones, reformas a la Ley del ISSSTE y la Ley General de Responsabilidades Administrativas para sancionar como falta administrativa grave la omisión de enterar al instituto las cuotas, aportaciones y descuentos retenidos a los funcionarios públicos locales, conducta que podrá castigarse con la separación del cargo, multas e inhabilitación del funcionario responsable.

De esta manera, concluyó el proceso legislativo de la propuesta avalada en marzo pasado por la Cámara de Diputados y la minuta se turnó al Poder Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con información del ISSSTE, el adeudo total de los estados es superior a los 64,000 millones de pesos. De este monto, 7,000 millones de pesos corresponde al pago de los servicios que presta la institución; 2,300 millones de pesos a FOVISSSTE y 55,000 millones de pesos a las cuentas individuales.

“Hasta el día de hoy, nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo para tratar de garantizar que esas cuotas y aportaciones ingresen a las arcas del Instituto, sin embargo, como lo he estado diciendo en diferentes foros y también presentándolo en el Congreso de la Unión, tenemos enormes desafíos y enormes retos para lograr que este pago, que retienen las dependencias, lleguen al ISSSTE, sin embargo esto no se ha logrado”, expresó en su momento el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda.

La reforma aprobada establece que los servidores públicos encargados de enterar los descuentos al salario de los burócratas, las cuotas y las aportaciones al ISSSTE que omitan este trámite incurrirán en una falta administrativa grave, la cual se puede sancionar con:

  • Suspensión del empleo, cargo o comisión
  • Destitución del empleo, cargo o comisión
  • Sanción económica
  • Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

“El total general que presentan las entidades federativas refleja la magnitud y la cantidad de recursos que son omitidos por parte de las entidades federativas al ISSSTE en detrimento de las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado”, expresó Gricelda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

La Cámara Alta consideró que las modificaciones son viables y acertadas porque la omisión de aportaciones al ISSSTE no sólo afecta en las finanzas del propio instituto, también implica un severo perjuicio para las personas trabajadoras porque se traduce en restricciones para acceder a préstamos o créditos, aunado a que también presentan problemas y obstáculos en la realización de trámites administrativos.

“El incumplimiento de las obligaciones de entero debe sancionarse de manera equiparada a un acto de corrupción, esto es, como una falta grave”, argumentaron los legisladores en el dictamen aprobado.

Actualmente la Ley del ISSSTE cuenta con un marco regulatorio que establece la responsabilidad por actos de omisión de cuotas de los servidores públicos encargados de retenciones y descuentos.

“Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, que dejen de cumplir con alguna de las obligaciones que les impone esta Ley, serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables”, refiere el artículo 252 de la Ley del instituto.

Sin embargo, el adeudo de los gobiernos locales evidencia que el marco legal ha sido insuficiente para inhibir la conducta de no enterar cuotas, consideraron tanto diputados como senadores, situación que perjudica a entidades, dependencias y personas trabajadoras.