El movimiento obrero 20/32 de Matamoros, Tamaulipas, no ha terminado. Luego de los despidos, la persecución política y la encarcelación de su asesora legal, Susana Prieto, lo que consiguieron autoridades, sindicatos y empresas fue justamente lo que buscaba la disidencia: “Evidenciar la precariedad de las relaciones obrero patronales en la industria maquiladora”, dice irónica la abogada.

No sólo eso. El alzamiento que comenzó en la colonia Ciudad Industrial, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, llegó a la Cámara de Diputados. La activista, acusada en junio de 2020 por el delito de motín luego de acompañar una manifestación frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, es ahora diputada federal electa.

Todo inició en 2019 el norte de México, pero se expandió todavía más arriba: al conocer la situación, sindicatos estadounidenses solicitaron a su gobierno presentar una queja a través del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por violaciones a la libertad sindical en la planta Tridonex.

Esta semana vence el plazo conciliatorio para evitar dicha queja y la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR). “Es difícil que termine de manera conciliatoria, el convenio final debe ser un precedente para todas las maquiladoras”, y la abogada duda que se logre.

Demanda la reparación de los daños, como restituir en sus puestos a las personas despedidas. Ella dice que son más de 1,000. También, la eliminación de las “listas negras” con los nombres de quienes participaron en la huelga de enero de 2019 y que “se comparten las maquiladoras para no contratarlos”.

Tridonex, el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) —que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT)— y el gobierno de Tamaulipas tienen que resarcir los daños, apunta. Aunque hay cosas que nunca podrán compensar, continúa. “Creí que moriría en la cárcel”, dice; no consumida por los años de condena, sino torturada, asesinada.

De movimiento a sindicato

En 2019, el gobierno federal aumentó al doble el salario mínimo para la frontera norte, pasó de 88 a 176 pesos diarios. Esa era más o menos la remuneración que recibían en Tridonex y otras maquiladoras, así que los trabajadores exigieron un aumento del 20% a sus salarios y el pago de un bono de 32,00 pesos. De ahí el nombre de Movimiento 20/32.

Ante la negativa de sus demandas, no sólo por parte de la empresa, sino del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (SITPME), iniciaron una huelga que se extendió a 28 maquiladoras.

En menos de dos años el movimiento se transformó en el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS). Y ahora ha demandado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la titularidad del CCT de Tridonex en manos del SITPME.

La solicitud de queja la presentó en mayo de 2021. La petición la firmaron también la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), así como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la organización Public Citizen.

“Durante dos años, los obreros de Tridonex han sido acosados y despedidos por tratar de sindicalizarse con el SNITIS” y dejar de pertenecer al “sindicato corrupto ‘de protección patronal’”, señaló la AFL-CIO en un comunicado donde anunció la petición de la queja laboral.

Pero antes de que el gobierno que recibe la petición presente la queja, se agota un proceso de conciliación.

El ámbito local y federal

De acuerdo con Susana Prieto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha entrevistado a trabajadores y trabajadoras de Tridonex “para saber la versión del conflicto directamente de ellos”. Desde mayo, se ha dedicado a investigar las posibles violaciones a la libertad sindical y al derecho a la sindicación de parte de la empresa, agrega.

El SNITIS por su parte ha aportado pruebas. Por ejemplo, 954 trabajadores decidieron salirse del SITPME, pero ni el sindicato ni la empresa lo reconoció. La maquiladora siguió descontándoles su cuota sindical y depositándola a las cuentas de la organización gremial. De esto constan las demandas en la Junta de Conciliación de Matamoros.

También espera ver en la resolución un acuerdo para que los CCT se depositen en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). El artículo 527 de la Constitución indica que “la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales” cuando se trate, entre otros, del sector automotriz; incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas.

“La competencia sobre Tridonex es federal, pues fabrica autopartes. Pero en todo el país los contratos colectivos están depositados en las juntas locales, lo que les permiten mayor corrupción” y lo que permitió que este caso fuera llevado en el ámbito local, expresa.

Pero si este punto no se logra, llevará el asunto a la siguiente legislatura en el Congreso de la Unión. La abogada y activista ha adelantado que buscará presidir la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados a partir de septiembre.