“Sabíamos que iba a pasar”, dice el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Manuel Baldenebro (PES). “Lo pedimos desde el principio”, señala la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN). Las empresas con esquemas de subcontratación han vuelto a solicitar tiempo adicional para adecuar sus nóminas y registros, y el Congreso lo concederá. Sólo falta saber si será un mes o cinco.

La panista prevé que la próxima semana la Comisión Permanente apruebe un periodo extraordinario para que en San Lázaro se discuta en el pleno el proyecto para prorrogar la entrada en vigor de la reforma de outsourcing. Las comisiones que presiden ella y Baldenebro serán de nuevo las encargadas de dictaminar las propuestas.

Hasta este momento, hay dos proyectos formalmente presentados. Por una lado, la iniciativa del senador de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, otorga un mes de gracia, es decir, la transición total hacia el nuevo esquema de tercerización ya no sería el 1 de agosto, sino el 1 septiembre. Por el otro, la de la senadora Kenia López Rabadán  (PAN), que amplía el plazo hasta el 1 de enero de 2022.

“Voy más con la de la senadora Kenia”, dice en entrevista Patricia Terrazas. A partir de septiembre, la Cámara de Diputados analizará el Paquete Económico que proponga el Ejecutivo federal para 2022 “y ahí podremos hacer las precisiones necesarias para que la entrada en vigor de la reforma inicie con el año fiscal y con las modificaciones que podamos hacer al Paquete Económico”.

Adelanta que tratara que todo el bloque opositor apoye la propuesta de su partido en el Senado. “No necesitamos todos los votos de Morena, pero sí que Morena y sus aliados ayuden a transitar esta iniciativa”.

“La de Morena tiene más viabilidad por el peso de las bancadas”, puntualiza Manuel Baldenebro. “Ahora, el plazo adecuado es otro asunto. Habría que analizar el avance de las empresas para adecuarse a las nuevas reglas, y si no le han echado ganas y se han confiado, eso tendría que tomarse en cuenta”.

Es un problema que “sabíamos que iba a pasar. La iniciativa privada siempre dijo que no había condiciones para hacer la migración de forma rápida. Pero también es cierto que ya sabía, desde el año pasado que esto iba a pasar. Si ampliamos un mes, al mes vamos a estar igual”, opina en entrevista.

Transición de la reforma

En abril de este año el Congreso aprobó, con modificaciones, la reforma de subcontratación que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre de 2020. La primera vez que fue legislado este tema fue en 2012 y en la discusión de la reforma laboral de 2019 intentaron volver a hacerlo.

Esta modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT), en vigor desde el 24 de abril,  prohíbe la subcontratación de personal, es decir, que las empresas simulen no ser patronas de las personas que laboran para ellas, sino que lo es otra compañía, y con ello evadan sus responsabilidades. Pero sí permite la subcontratación de servicios u obras especializadas.

De esta manera, las compañías que contaban con personal subcontratado para realizar sus actividades económicas principales y preponderantes deberán contratarlo directamente.

Por otro lado, aquellas organizaciones que quieran dedicarse a subcontratar servicios u obras especializadas tienen que registrase ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para ello, deben acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales.

Para integrar al personal a su nómina y para obtener su nuevo registro patronal, las empresas tenían de plazo este fin de semana. “Si aceptamos que el plazo se extienda hasta enero, en diciembre estarán corriendo otra vez. Es parte de nuestra cultura, hacer todo al último momento”, considera Manuel Baldenebro.

“Pero no queremos afectar a las empresas, así que vamos a modificar la reforma”, pondera el diputado federal, quien ha sido reelecto y en la próxima legislatura pasará a formar parte de la bancada de Morena.

Oportunidad para precisar

Para la diputada Patricia Terrazas, en realidad no habría necesidad de hacer este nuevo cambio en la legislación. “Es algo que si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quiere, puede darle prórroga por la parte administrativa”.

Sin embargo, podría ser la oportunidad para resolver otros problemas que se han presentado en estos meses de transición. “Si le vamos meter mano, sería bueno también precisar cuál es el tipo de trabajo especializado” que pueden realizar las empresas del sector.

En este corto periodo, la reforma “sí ha funcionado. Los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han aumentado no sólo porque hay una recuperación económica y recontratación de quienes fueron despedidos, también porque muchos trabajadores subcontratados que siguieron laborando no estaban dados de alta”, afirma Baldenebro.

“Ha sido un calvario”, dice Patricia Terrazas, también consejera nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “A la gente no le queda claro qué es servicio especializado y las autorizaciones para ser empresa de subcontratación no están siendo ágiles y precias. A muchas organizaciones las rechazan; luego, vuelven a meter la misma documentación y sí las aceptan”.

También se les ha negado el registro a las empresas que se escinden, sostiene. “Muchas, sobre todo las trasnacionales, si no tienen la autorización, no están contratando, así que están en riesgo los trabajos y la certidumbre legal”.

La empresaria chihuahuense también señala “una desigualdad” de trato en la reforma para la iniciativa privada. El sector público es el principal subcontratista, apunta Baldenebro. Pero el Estado tiene hasta el 1 enero para contratar directamente al personal tercerizado, “por qué hay un plazo para la IP y otro para el gobierno”, cuestiona Terrazas.