Un sistema jurídico concebido bajo la idea totalizadora de la heterosexualidad provoca que algo tan cotidiano y básico como acceder a un empleo sea un camino lleno de obstáculos para las disidencias sexuales. Y una vez que lo consiguen, enfrentan trabas legales como las licencias maternas o paternas, el cambio de documentación en el caso de las personas trans o la dificultad para inscribir a su pareja a la seguridad social.

En los últimos años en México “ha habido avances específicos, como el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo, los concubinatos y acuerdos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para afiliar a parejas del mismo sexo”, recapitula el abogado y activista Alex Alí Méndez Díaz.

Sin embargo, “las leyes están construidas a partir de ese parámetro” heterosexual. Entones, “el problema no se soluciona modificando la definición de matrimonio o concubinato, porque seguimos encontrando de manera reiterada las referencias a la madre y al padre” como única forma de familia, detalla.

Las reformas legales aprobadas en favor de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBT+) han sido impulsadas por el movimiento organizado de dicha comunidad, apunta.

“El Estado se ha quedado corto en las políticas públicas” para erradicar la discriminación, incluyendo la laboral, por razones de diversidad sexual. Y las empresas no han entrado de lleno a eliminar prácticas excluyentes, agrega.

Es el mes del orgullo, instaurado en estas fechas en conmemoración a las manifestaciones del 28 de junio de 1969 contra una redada policial en el bar gay Stonewall Inn, en Nueva York. Una represión que tuvo tintes racistas igualmente. Sirve de marco para recordar también que el avance en México “ha sido gracias al trabajo que, desde la sociedad civil, la población LGBT+ hemos realizado”, dice Alex Alí Méndez.

Licencias maternas o paternas

Según el Diagnóstico nacional sobre discriminación hacia personas LGBT, el 60% de las personas LGBT+ ha tenido dificultades para conseguir trabajo debido a su orientación sexual e identidad de género. De ellas, el 29% corresponde a mujeres trans; ese es el porcentaje más alto de exclusión dentro de las diferentes poblaciones de la diversidad sexual.

El estudio, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fundación Arcoíris, indica que las mujeres lesbianas son quienes con más frecuencia han tenido que ocultar su orientación sexual para obtener o mantener un empleo. Y, junto con las mujeres trans, son también quienes tienen los salarios más bajos.

Pero ante la obstaculización de un derecho, frecuentemente le siguen otros. El IMSS otorga 84 días, casi tres meses, de incapacidad por maternidad a las madres trabajadoras afiliadas. La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla un permiso de 5 días laborables con goce de sueldo “a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante”.

En el caso de las parejas homoparentales no queda claro si se ambos padres pueden obtener ese permiso de apenas una semana. En el caso de las familias lesbomaternales, sólo quien esté gestando podrá tomar la licencia para los cuidados. La otra madre, si tiene un empleo remunerado, no podrá gozar de días pagados para encargarse de este trabajo de cuidados.

En empresas como Nestlé las mamás pueden tomar hasta nueve meses de licencia. Los papás, tienen un mes y, sin goce de sueldo, pueden ampliar el permiso hasta seis meses, de acuerdo con Lourdes Muñoz, Vicepresidenta de Nestlé Nutrición México.

En el caso de familias “homoparentales, un miembro de la familia tendrá que jugar el rol que general juega la mamá, que se tiene que quedar como cuidador primario”, comenta en entrevista. Es decir, los beneficios que comentó antes son para parejas heterosexuales.

Nueva identidad: Personas trans

En noviembre de 2018 el Congreso aprobó una reforma a las leyes del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para reconocer los derechos a la seguridad social de las parejas del mismo sexo.

Sin embargo, todavía en enero de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó la solicitud de amparo de un hombre homosexual a quien el IMSS le había negado la pensión por viudez. La segunda sala del máximo tribunal determinó que el artículo 130 de la Carta Magna es inconstitucional al referirse sólo a familias heterosexuales.

“La Corte ha sentado precedentes, pero eso no se ha visto reflejado en cambios legislativos”, comenta Alex Alí Méndez. “Ha faltado que los órganos legislativos soliciten el apoyo con las organizaciones de la sociedad civil para revisar el cuerpo normativo, sobre todo en materia laboral”. Porque tener una formación jurídica o legislativa “no te da una perspectiva de género sobre diversidad sexual”.

Por ejemplo, no hay nada en la LFT sobre personas transgénero. En México, 13 entidades han aprobado reformas que reconocen el derecho a la identidad de género y permiten el cambio de nombre en sus actas de nacimiento:

  • Ciudad de México
  • Coahuila
  • Colima
  • Chihuahua
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sonora
  • Tlaxcala

Una vez hecho ese cambio, ¿cómo pueden hacerlo en sus contratos laborales?, pregunta el activista. “En la ley del trabajo no hay ninguna protección frente a la rescisión del contrato laboral por haber hecho esta transición”.

Falta una adecuación también a la Ley del IMSS para que el número de seguridad social asociado a un nombre ahora lo esté a otro una vez que la persona logró el cambio en su acta de nacimiento. El riesgo que se corre es que tenga un nuevo folio y pierda las semanas cotizadas para su jubilación, el crédito a una vivienda o una incapacidad, comenta.

Los hombres trans que dieron a luz a una hija o hijo suelen enfrentar un problema al registrarles, pues “en el acta de nacimiento se pide el nombre de la madre. Pero si fue un hombre quien les gestó no puede ir ahí su nombre”. El siguiente obstáculo será la afiliación a la seguridad social, si es que el padre cuenta con ella.

“En materia educativa, una persona trans tampoco tiene claro cómo hacer los cambios en sus títulos de licenciatura, o bachillerato o cualquier otro grado”. Y esto resulta importante, pues de eso podría depende que ingrese a un trabajo para el cual es requisito contar con esos documento.

La seguridad jurídica es otro conflicto para personas trans. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cuenta con lineamientos para homologar los números de seguridad social y de Registro de Federal de Contribuyentes (RFC).

“Hay casos preocupantes catalogados por el SAT como de doble identidad”. Una de las primeras acciones que toma la dependencia es bloquearles el acceso a servicios en línea. Para el SAT es un intento de fraude porque, “cómo es posible que dos personas tengan un mismo RFC, porque legalmente son dos personas: hay dos actas de nacimiento vigentes y válidas”.

Las otras luchas

Hacer reformas o incluso impugnar leyes es relativamente fácil, dice Alex Alí Méndez, el abogado que logró que se llevaran a cabo los primeros matrimonios de parejas del mismo sexo a través de una sentencia de la Corte. “Pero elaborar una política pública eficiente, implementarla, evaluarla y hacer los ajustes en caso de que la evaluación no sea favorable, eso requiere mucho más trabajo, paciencia y seguimiento”.

Desafortunadamente, “el tema de derechos sexuales y reproductivos y la población LGBT+ no es prioridad y no son temas que voluntariamente los gobiernos quieran abordar”. Tampoco las instituciones privadas están muy comprometidas, la mayoría reconoce lo mínimo que dice la ley, pero no van más allá, dice.

Este 24 de junio, el Senado de Argentina aprobó una ley para asegurar un cupo laboral travesti-trans. Con la reforma, el Estado nacional estará obligado a garantizar que al menos el 1% sus plazas para personas travestis, transexuales y transgénero.

En México ni siquiera se ve esto como una opción. Sin embargo, en los últimos 10 años la población LGBT+ ha reafirmado, primero para sí misma, que sus derechos son derechos humanos “y que deben respetarse, independientemente del partido político que gane las elecciones”. Ese es el principal avance, dice el especialista.

Y lo han hecho desde las luchas locales. “Antes se centralizaba todo el debate en la Ciudad de México, pero en la última década cada entidad federativa ha descubierto su posibilidad de intervención, sus alianzas, ha construido su propia agenda. Ha librado batallas con sus propias fuerzas y recursos, por eso ahora tenemos un mapa distinto en temas de matrimonio igualitario e identidad trans”.