La negociación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso no fue fácil. Para empezar, el tema, impulsado principalmente por movimientos feministas, tardó décadas en llegar a ese cónclave. Lo que sigue es que México lo ratifique, pero antes tendrá que sortear la resistencia de los empresarios.

El convenio reconoce “el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”; paadecerlos amenaza la igualdad de oportunidades, afectan su salud psicológica, física y sexual, su dignidad y su entorno familiar y social. Pero subraya que estos problemas “afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas”.

Fue adoptado en junio de 2019 en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en Ginebra, Suiza, organismo que reúne a las representaciones de gobiernos, de personas trabajadoras y de empleadores. La votación quedó así: 439 a favor, 7 en contra y 30 abstenciones.

La CIT también discutió la Recomendación 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral. En ese documento, entre otras medidas, se pide a las empresas otorgar días de licencia a las víctimas de violencia doméstica, pues lo necesitan para interponer una denuncia o quizá acudir a servicios de salud. Fue aprobada por 397 a favor, 12 en contra y 44 abstenciones.

Entre las abstenciones ante ambos acuerdos estuvo el voto de la delegación empresarial mexicana. De acuerdo con la OIT, ese voto vino de parte del representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

“La violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia mayor en tiempos de crisis: el brote del covid-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder. La frustración, la presión económica, el estrés pueden ser detonadores de violencia, con más riesgos para las mujeres trabajadoras”, expresó Vinícius Pinheiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe.

El baile de la victoria

Patricia Mercado Castro, una feminista que viene del margen, como ella misma dice, excandidata a la presidencia de México y ahora Senadora por Movimiento Ciudadano (MC), recuerda bien el día de la aprobación del Convenio 190, pero también los años de lucha previa a aquel 21 de junio.

“Fue una negociación potente, de los gobiernos, de los empresarios y los sindicatos internacionales. Discutían letra por letra, párrafo por párrafo, se iban conquistando derechos y luego se daban pasos hacia atrás nuevamente”, describe la  también secretaria de la Comisión del Trabajo del Senado.

Pero al final, la resolución fue festejada sobre todo por las mujeres trabajadoras presentes. “Celebramos con baile, con música, la importancia del Convenio”.

En ese baile se desfogaba la lucha de varias décadas. Después del movimiento de las sufragistas, a principios de la década de los 70, la agenda de una parte del movimiento feminista era la eliminación de la violencia, el respeto a los derechos sexuales y el aborto, recapitula. Estos puntos no se volvieron masivos, dice, sino hasta este momento.

A mi generación le tocó la conquista de derechos, como a la participación política, educativa, económica y laboral de las mujeres. Pero resulta que esos espacios nos reciben con violencia”.

Y esto que por muchos años pasó a la sombra, pero sabido y normalizado por muchas personas, ahora se tiene que mirar desde los lentes violeta, porque la violencia y el acoso no se deben permitir en ningún lugar y contra ninguna persona. Este es otro ejemplo de que lucha feminista beneficia a todas y todos, subraya.

Lo que toca ahora es desnormalizar las agresiones, añade. Ninguna persona debe ser objeto de violencia ni acoso, el Convenio 190 subraya que estos actos afectan principalmente a las mujeres, pero protege por igual a trabajadoras y trabajadores. 

Recomendación 206 y las empresas

Este instrumento entró en vigor el 25 de junio pasado y ahora cada país debe ratificarlo. Para que México lo reconozca, el Ejecutivo todavía debe remitirlo al Senado. Una vez avalado, se debe modificar la legislación nacional para adecuarla al convenio.

Consta de 20 artículos para prevenir, investigar y sancionar la violencia y el acoso. La visión de este convenio es novedosa, como lo señala Patricia Mercado, porque no se limita a que las agresiones ocurran en el centro de trabajo, sino en los lugares que tienen que ver con el ámbito laboral, como el trayecto desde casa o de regreso, los viajes y los eventos sociales o de formación relacionados con el trabajo.

Y con la enseñanza que dejaron miles de mujeres en el movimiento #MeToo, también contempla la violencia y acoso por las comunicaciones digitales, como el correo o la mensajería instantánea. Aplica para las personas en cualquier situación contractual, incluidas pasantes y aprendices, si fueron despedidas o están en busca de empleo, voluntarias y con cargos de autoridad en la empresa.

Por su parte, la Recomendación 206 le pide a las empresas implementar modalidades de trabajo flexibles para las mujeres e incluir la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo. Una vez ratificado el Convenio, México estaría obligado a legislar para garantizar inspecciones efectivas, así como a incluir sanciones, entre otros puntos.

Previo a eso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendría que dialogar con la representación empresarial que se abstuvo, opina la senadora Mercado, e incluir a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, agrega. En Senado lo harán, convocarán a un foro, adelanta.

Por si acaso la ratificación tarda, la legisladora se ha adelantado. En febrero de 2020 presentó una iniciativa de reforma que recoge los principales puntos del Convenio 190. Las modificaciones serían a la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Propone estipular que la violencia laboral también puede comprender la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Quedaría asentado que las víctimas tienen derecho a la reparación integral del daño, como la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

Las empresas estarían obligadas a realizar anualmente una evaluación sobre la violencia laboral. Los resultados tendrían que ser reportados al CFCRL. También le entregarían un informe sobre las quejas recibidas y cómo las resolvieron.

En la sesión de la CIT del 21 junio de 2019, la parte sindical mexicana votó a favor del convenio, el gobierno también. “Yo le preguntaba a los empresarios por qué se abstuvieron. Éste es el momento en el que el mundo por fin rechaza la violencia contra las mujeres”, y si las empresas quieren ser productivas, “tienen que hacerlo también”, sostiene la legisladora feminista.