La propuesta para la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación definirá el rumbo de la política científica y tecnológica del país para los próximos años, sin embargo es un terreno poco explorado. Para poder entender el contexto de este proyecto el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizó la primera mesa denominada Espacios Públicos, donde el doctor  Sergio López Ayllón, director general de esta institución y el profesor-investigador Carlos Heredia analizaron el contexto.  

 

“Cuando se abre este tipo de discusiones siempre hay dos polos de tensión en el diseño organizacional y de los instrumentos financieros que van a dar soporte a la política de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación)”, explica López Ayllón. En un extremo está la visión en la cual el Estado es el que tiene que controlar al sector, orientar la política, asegurar el financiamiento de las agencias gubernamentales y el que determina las prioridades de las agendas. En el otro extremo se habla de una responsabilidad compartida con el sector gubernamental, privado y académico, tanto en diseño e implementación.

“Este es un proyecto largo y complejo en su estructura, que en mi opinión no acaba de resolver esta tensión aunque sí opta de manera más clara por un modelo de conducción del gobierno federal para la política de CTI”.

En este sentido el doctor en derecho señala algunos elementos centrales de la Ley, por ejemplo, la reforma al artículo 3° establece el derecho humano a la ciencia, que en realidad se trata del derecho de toda persona de acceder a los beneficios de desarrollo científico y tecnológico. “Que este sea el eje rector de la política tiene mérito pero la pregunta es ¿quién da acceso a esos beneficios y cómo se definen en términos de política pública?, esto el anteproyecto no lo responde”  

Así, los “ambiciosos” objetivos de esta Ley quedan de inicio rebasados. ¿En verdad se le puede atribuir a la ciencia la responsabilidad de los grandes objetivos de la  política pública, denominada agenda de Estado?  

López Ayllón asegura que además esto implica que todas las actividades científicas financiadas por el Estado estén alineadas con esta agenda, pero ¿quién define esta agenda? De acuerdo con las nuevas características sería un Consejo de Estado, integrado por el presidente de la República, el titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un número importante  de secretarios de estado, incluyendo la Secretaría de Defensa y de Marina y cinco representantes de los gobiernos estatales, es decir, “este consejo de Estado está integrado por el gobierno federal y de la agenda nacional”.  

Sobre esto, Andreas Schedler, doctor en Ciencia Política señala: “Constituye claramente una organización burocrática de la ciencia, porque aunque la Ley reconoce libertad de investigación y el principio de autonomía, en realidad los instrumentos de financiamiento van a estar alineados con la agenda”.  

Pero, ¿todo lo que no está en la agenda, dónde queda? Los especialistas coinciden en que difícilmente con estos pasos la ciencia básica va a estar en las prioridades nacionales de las secretarías de estado. “Aquí hay un gran problema si pensamos en la ciencia como una función de utilidad y un gran problema si la pensamos como la responsable de resolver los problemas. Contribuye en muchos elementos, pero esa no es su vocación y misión”.

López Ayllón hizo hincapié en que la ciencia no tiene utilidad per se, es un modo de aprender, generar conocimiento, con ciertas especificidades y es a base de la acumulación del conocimiento en muy diferentes frentes, que algunos de los resultados se pueden traducir en desarrollos tecnológicos o productos de innovación. “Es esta actividad muy descentralizada donde participa mucha gente y donde se va generando el conocimiento, si yo me limito a financiar la ciencia útil, se va a descuidar la capacidad que tiene el país de generar conocimiento que contribuya a la masa global y que se articula en redes muy complejas, lo vimos con las vacunas”.  

Sobre la inquietud de integrar a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina al Consejo, Heredia señala que todas las voces que contribuyan al fortalecimiento de la investigación científica en función del interés nacional son bienvenidas, incluso estas dependencias tienen sus unidades de investigación, pero ese no es el problema, el problema es cuando la sobre extensión más allá de su mandato nos lleva a una militarización en el conjunto de la sociedad mexicana. “Seguramente la misma Sedena y Semar no están a favor de eso, al parecer hay algunos equívocos”.  

Otros puntos relevantes son: Un modelo más centralizado, que aunque en teoría reconoce las autonomías, en la operación deja a gran parte del sector subordinado a las prioridades que rige la agenda de estado. Aunque se crean otros organismos intermedios, pero todos en donde participan entidades federativas, municipios, academias o científicos, dejan de tener  un papel en los órganos de decisión y se convierten en meras entidades consultivas. “Aquí me parece que hay un retroceso, hay espacios de participación que se han ganado, con todo y sus limitantes, quedan meramente como espacios de consulta y bajo el control absoluto de Conacyt”.  

Confusiones en el anteproyecto

El doctor Heredia señala que el anteproyecto tiene tres confusiones centrales: Usa la palabra centralización para sustituir lo que debería ser una coordinación, “aquí se plantea que el gobierno a través de Conacyt sea quién centralice prácticamente todo, en lugar de fortalecer mecanismos de coordinación”. También parece que el gobierno suplanta al Estado, pues las partes disonantes tienen voz, pero no voto. “El Estado incluye a la sociedad mexicana en general y a sus diversos actores, pero ahora quedan como simples órganos de consulta”. Por último, la ciencia es global o no lo es, ahora se ha dado la discusión de si el proceso de globalización enriquece a la investigación científica, aquí habría que señalar ejemplos como las vacunas que son producto del intercambio de información e investigación trasnacional.   

Sobre si es legítimo que el gobierno federal establezca prioridades en su agenda científica y tecnológica, Lopéz Ayllón complementó que “absolutamente sí, incluso es necesario, pues son quienes tienen la responsabilidad”, pero, ¿es lo único que debería haber? “Ahí no estamos de acuerdo, debería haber espacios para todo lo demás”.

nelly.toche@eleconomista.mx

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