La administración de Calderón desistió reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de crear la Agencia para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Agencia Pyme, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Lo cierto es que en unos cuantos años, la Subsecretaría Pyme había dado de sí. Le permitieron crecer más de lo debido en atribuciones y número de personal, empoderaron formas de control discrecionales sobre sus distintos servicios, destacadamente en la distribución de los recursos del Fondo Pyme.

Esa burocracia es una estructura de poder, ya sea protegida por el Servicio de Carrera, por personajes de confianza que desde que se creó la dependencia se resisten a abandonarla, o bien, por aquellos que persisten en influir en todos sus quehaceres desde otras esferas. El enjambre de intereses da como resultado la negociación sobre distintos programas y una bolsa de dinero, donde hay que tratar de ser cuate hasta del funcionario que ordena los expedientes.

Desde sus inicios, la Subsecretaría riñó con las facultades de al menos otra instancia, Nacional Financiera. Por ello no pocas veces se habló de entregarle el fondo a Nafin. En este tinglado de la Secretaría de Economía también juegan el Banco Nacional de Comercio Exterior y ProMéxico.

La pugna irresuelta desnudó a Bancomext a puro pulso presidencial. Este relajo apenas descrito sabrá Ildefonso Guajardo si tiene claro cómo resolverlo. Pero figuras como Jacques Rogozinski, en Nafin, y Enrique de la Madrid, en el legendario banco, auguran una revuelta para decidir cómo poner las cosas en su lugar.

El rol del Instituto Nacional de Emprendedor (INE), con Enrique Jacob Rocha a la cabeza, resulta relevante desde lo mero conceptual hasta el civilizado trazo de las fronteras con sus vecinos de despacho. Mientras la Subsecretaría Pyme ejerció un eclecticismo sobre las rodillas y la transformación en agencia se cortó sin ventilar más su pertinencia el INE tiene que dejar en claro su carácter estratégico. Que en la vorágine terciaria a la que está prácticamente reducida la economía nacional, el nuevo organismo no será multiplicador de los desequilibrios sectoriales.

Tampoco una canasta donde todo cabe a fuerza de generar empleos. Que el vasto universo mipyme tiene que redefinirse tanto por las dinámicas comerciales que se observan, como por las implicaciones en la creatividad, la innovación, la hacienda pública y el desarrollo urbano.

La razón de ser del organismo supone frenar la pulverización del factor emprendimiento; que por lo mismo tiene que soportar sus políticas sobre abundantes estudios y un fuerte componente formativo. Creemos en la necesidad de una instancia que establece corresponsabilidades, se asocia y desburocratiza. Que si conserva en su integridad el Fondo Pyme, de fin al clientelismo, a la entrega por cuotas y a los absurdos a los que han llegado las reglas de operación.

Uno de los sectores que requieren de las capacidades del instituto es el cultural. Los empeños deben dirigirse antes que todo a su caracterización, que es la puerta de desembarco para que sea asumido en el andamiaje de la Secretaría de Economía. El desconocimiento del sector cultural sigue siendo un obstáculo para poner en marcha no sólo un conjunto de políticas públicas, también para ampliar el espectro de inversiones. De esta labor depende que emprendedores y empresas culturales desplieguen en mejores condiciones el papel que les toca en el aparato productivo.

Con motivo de la hechura del libro 1988-2012. Cultura y transición, y a la luz de una versión más tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de los programas sectoriales de distintas dependencias del Ejecutivo, si algo reviste un reto es la justa dimensión de la economía cultural en estos instrumentos. Lograr incorporar la transversalidad que supone significa reducir desequilibrios y ampliar oportunidades donde se mueven miles de millones de pesos.

LO QUE VALE, LO QUE SIGNIFICA. Semana crucial para el Presupuesto de Egresos. En el caso de los 4,000 millones de pesos que se intentan recortar al Conaculta, es un monto al que no se debe renunciar como tampoco permitir su manipulación. Por ahora lo responsable es obtenerlo y distribuirlo de la mejor manera.

eduardo.cruz@eleconomista.mx