Estudiantes hostigadas por profesores que buscan expulsarlas de lo que consideran territorios masculinos; jóvenes que abandonan sus estudios ante la impunidad del acoso de sus compañeros; mujeres y algunos hombres que ven coartado su desarrollo intelectual y profesional por discriminación y violencia. Estos y otros casos forman parte del preocupante panorama del acoso en las universidades mexicanas. Así lo expresaron académicas de distintas instituciones, convocadas por el programa universitario Cuerpos que Importan de la UAM-Xochimilco, para analizar el problema y discutir las medidas necesarias para su prevención y eliminación.

El acoso en la universidad no es nuevo. Lo que ha cambiado es la percepción del fenómeno: ya no puede verse como algo normal o inevitable, pues es evidente que acarrea efectos negativos para los integrantes de instituciones que, idealmente, han de propiciar condiciones óptimas para el desarrollo del conocimiento y el diálogo. Que un profesor abuse de su poder para hostigar a sus alumnas, que un estudiante pueda violar a una compañera sin consecuencias académicas, que otro sea expulsado, gane un amparo y pueda reintegrarse al plantel, porque no le probaron nada , que un jefe acose a su secretaria o al personal de limpieza, que un alumno amenace a otro o a sus profesores, son hechos inadmisibles ante los cuales la comunidad y las altas autoridades no pueden cerrar los ojos.

Para las integrantes del IPN, Chapingo, la UNAM, la UACM, la UPN, la Universidad Autónoma de Michoacán, la propia UAM, y otras, que participaron en esta reunión, el acoso y la violencia que afectan a la universidad no son casos aislados. Se trata de un problema institucional, agravado por la ausencia de canales claros, seguros y confiables para la denuncia, por la falta de apoyo a las víctimas y el nulo seguimiento de los pocos casos que pasan al sistema penal; deficiencias que contribuyen a crear un clima de impunidad y tolerancia ante la violencia.

¿Qué hacer? Existen o están en curso, por fortuna, distintas iniciativas para impulsar campañas de prevención y para elaborar y establecer protocolos de atención que permitan crear espacios para la denuncia segura y que, sobre todo, ofrezcan vías institucionales para prevenir y sancionar el acoso. El camino no es sencillo. Hay comités encargados de diseñar los protocolos cuyos integrantes desconocen la perspectiva de género o forman parte de quienes normalizan la violencia. Además de lograr consensos y diseñar un documento idóneo, hace falta convencer a las autoridades para que lo aprueben y apliquen; comprometerlas a crear instancias especializadas o a reorganizar defensorías universitarias que cuenten con personal especializado, capaz de atender la violencia de género y la discriminación.

Algunos rectores y rectoras responsables han apoyado estos procesos. El asunto, sin embargo, no puede encararse desde una perspectiva personal o circunstancial: campañas y protocolos no pueden depender de la buena voluntad ni de los tiempos políticos, pues, como ya ha sucedido, el proceso queda en suspenso o se retrasa cuando termina una administración. En tanto se trata de un problema institucional, se requiere de una política también institucional, que conjunte los esfuerzos de docentes y estudiantes comprometidas y la determinación de la universidad como tal, para establecer reglas de convivencia claras y transmitir un mensaje de cero tolerancia a la violencia y el acoso, venga de quien venga, así sea una vaca sagrada . Lo doctor no quita lo misógino, ni puede justificarlo.

Las universidades, como bien plantearon las académicas, son un microcosmos que refleja el estado de la sociedad. Ésta, todavía sexista y discriminadora, tolera a veces en grado extremo la violencia. Sin embargo, en tanto instituciones que promueven la investigación y el conocimiento y que, en principio, tienen la responsabilidad social de formar profesionistas capaces y responsables, pueden convertirse en verdaderos agentes de cambio si empiezan por reconocer y enfrentar estos problemas.