En telecomunicaciones, Andrés Manuel López Obrador ya ha bosquejado la política pública de su sexenio para conectar a más mexicanos a Internet. Allí, ha prometido incentivos para el despliegue de infraestructura, espectro barato y se ha allegado de un admirado exregulador que lo asesora en la materia. Pero en radiodifusión el todavía presidente electo se conduce solo y sus legisladores están por aprobar una iniciativa cuya redacción hoy se interpreta como una intención de censura desde el gobierno entrante. 

Morena, el partido político de López Obrador y con mayoría aplastante en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ya aprobó en Diputados una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que sea la Secretaría de Gobernación (Segob) quien provea y gestione los servicios de la radiodifusión pública federal. Ahora toca el turno al Senado, que tiene agendada la discusión de este asunto en comisiones para la tarde del día 21, este miércoles.

El visto bueno del Senado a las modificaciones del párrafo VIII del Artículo 27 de la citada ley permitirá a Secretaría de Gobernación injerir en la operación de los medios públicos de carácter nacional como Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Canal 22, de la Secretaría de Cultura; el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), Radio Educación o en el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

Para defensores de los derechos de las audiencias y la información se traduce como un control de esos medios de comunicación y compromete la independencia de su línea editorial. Esta iniciativa coincide en un momento en que López Obrador también ha nombrado a los dueños de las tres principales cadena de televisión abierta —Grupo Televisa, TV Azteca e Imagen TV— como los asesores económicos de su gobierno.

Lo que temen los analistas

De estar en lo correcto las interpretaciones de los analistas, “este hecho será negativo para la sociedad, porque los medios públicos presentarán una mirada limitada de la realidad nacional; acortarán su distancia del poder político y todo, en conjunto, parecerá una intención del nuevo gobierno de querer controlar a los medios, tanto los comerciales como los públicos y nada beneficia más a los medios, en particular a los públicos, que dotarlos de independencia, presupuesto y un líder que haya hecho carrera en esa industria”, dijo a El Economista Jorge Bravo, director editorial en Mediatelecom Policy & Law y analista de medios y telecomunicaciones.

En medio de toda esta polémica, López Obrador propuso este martes al cineasta Luis Mandoki como director de un eventual sistema nacional de medios públicos que pretende construir, al estilo de Radio y Televisión Española (RTVE). Mandoki ha ganado premios en los festivales de Cannes y Berlín; también fue premiado con un Ariel, pero de radiodifusión no se le conoce trayectoria pública. Nunca ha dirigido una estación de radio o televisión pública o comercial y tampoco ha sido un concesionario de esa industria. Lo que no se le puede regatear es que ha sido un incondicional de AMLO desde 2006: Mandoki produjo los documentales Quién es el Sr. López y Fraude. México 2006

“Pareciera que van en contra de las leyes y las libertades sin el menor pudor. Ahora anunciaron que van a poner a Luis Mandoki como director de ese posible sistema y no sé si él conoce de este sector. Lo que preocupa es que quieran dejar esas facultades a la Segob, que podrían hacer lo mismo dejándolas al SPR u otra dependencia. Lo negativo es lo que parece que están haciendo y cómo lo están haciendo, porque todo con el nuevo gobierno está siguiendo una tendencia de centralizar y controlar todo; ya lo han hecho con aquello de los superdelagados y otras figuras, y con los medios públicos parece que van con la misma línea. Habrá que ver cuál es el alcance de todo esto”, dijo a El Economista Irene Levy, presidenta de Observatel, una asociación civil dedicada a analizar la industria de telecomunicaciones.

Estimaciones de los analistas cifran al alcance de estos medios y su aceptación efectiva en 1% de la población para el caso de la televisión, pero esa cifra equivale a una cobertura de 26 estaciones —de 33 ya planeadas­— en 22 estados de la República para el SPR. La potencia del Imer llega a 17 estados con 18 estaciones, mientras que el Canal Once ha ido construyendo una red nacional luego de la reforma de telecomunicaciones de 2013 y además ha puesto su infraestructura pasiva a disposición del mercado, otro hecho que aún se desconoce de qué manera podría ser impactado con los cambios planteados por Morena a la operación de los medios públicos.

“Esa es otra interrogante. Si no se clarifica esto, todo se politiza también para los temas de infraestructura. Ahora, cuando se trate de tener acceso a la infraestructura, habrá que ver qué matiz político hay y si también pueden cambiar esas reglas. Queda además por saber cuáles serán los próximos nombramientos”, agregó Bravo, de Mediatelecom.

Lo que ha bosquejado AMLO

AMLO ha desvelado los nombres de Salma Jalife para dirigir la política de inclusión digital de los mexicanos a través de una subsecretaría TIC y también a Mandoki para el RTVE que desea construir a partir de los medios públicos existentes, pero aún no ha esclarecido quién será el nuevo director del Instituto Mexicano de la Radio, aunque se ventiló al periodista José Gutiérrez Vivó como posible candidato para ese cargo

El alcance de los medios públicos en México es distinto para cada uno de ellos y su relación entre ellos mismos también es diferente uno con otro, de ahí que, además de los medios federales y que cubren o que se originan en la Ciudad de México, existen 32 “sistemas” de medios públicos; incluso en la capital y cada uno con su propia política de que lo deben ser este tipo de medios.

Para Agustín Ramírez, exdirector jurídico del Imer y abogado especializado en telecomunicaciones y radiodifusión del despacho Ouraboros, el tema de la adscripción a la Segob sobre los medios públicos no es el asunto medular de las intenciones de López Obrador y Morena, sino el tipo de política pública que se desarrolle; pues también debe ponerse sobre la mesa que la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Segob descenderá de nivel y, por tanto, tendrá menos poder en el sexenio que se inicie el 1 de diciembre.

Hasta que no exista una vulneración a las audiencias que sea demostrable no se puede interpretar como una intención de controlar a los medios públicos desde la Presidencia con la adscripción de las facultades a la Segob, dijo Ramírez a El Economista. “¿Y si ocurriera que en la SEP hay un funcionario autoritario?”, cuestionó.

“Esto sólo habla de que quien elaboró el proyecto o iniciativa en Morena no conoce la materia y que no les queda claro cómo integrar un sistema de medios públicos de radiodifusión. Más allá de si lo llevan a Segob, Cultura o la SEP, se debe observar una política pública que genere sinergias entre lo federal y lo local, porque si sigue así, la política pública seguirá siendo dispersa y no abona a construir medios de Estado, que no es lo mismo que de gobierno. Esto es un error de apreciación de quien construyó el texto; que se debe recomponer, sí, pero que regresa el autoritarismo si sale así, pues no. Por el sólo hecho de la adscripción a la Segob no hay violación alguna ni violación a la normativa. Por eso da lo mismo que sea Olga Sánchez Cordero o que sea Esteban Moctezuma quien gestione, lo importante es que exista una política clara de construcción de un verdadero sistema público de radiodifusión, porque cada quien trae su agenda y por eso existen 32 sistemas de radiodifusión”.