La tarde de este miércoles, la Secretaría de Cultura federal convocó al seminario “Los creadores, artistas y trabajadores del arte y la cultura como sujetos de derechos”, como el inicio de una serie de conversaciones de cara a la implementación de políticas públicas que beneficien a los artistas y creadores en todo el país en materia de derechos.

Dicho encuentro, que estuvo dividida en cuatro mesas de las que tomaron parte servidores públicos del rubro, gestores culturales, artistas, escritores, gremios sindicales y demás participantes de la actividad artística y cultural del país, dio inicio con la participaron de Carlos Villaseñor, consultor internacional en materia de políticas culturales; la jurista María Eréndira Cruzvillegas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, y Diego Guerrero, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes conversaron sobre las condiciones del marco legal, nacional e internacional, de la cultura y sus creadores.

“Participar en la vida cultural es un derecho humano y, en consecuencia, todas las autoridades, no nada más la federación, no nada más la Secretaría de Cultura, sino los tres ámbitos de gobierno, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a participar en la vida cultural”, expuso Carlos Villaseñor, también especialista en desarrollo sostenible, diversidad cultural y patrimonio cultural inmaterial.

Con base en ello postuló que el acceso a la cultura debe ser “un derecho universal sobre el cual no valen exclusiones. No hay creadores de cultura de primera y de segunda. Y esta es una definición de política cultural que tendrá que tomar la Secretaría de Cultura con las consecuencias que esto implica: no podemos generar condiciones de privilegio para unos creadores y para otros no. Tenemos que partir en estas mesas de un marco jurídico de realidad. La Constitución nos garantiza a todos el derecho a ser creadores y a que nuestra obra sea reconocida y a recibir la justa remuneración por la obra que produzcamos”.

Agregó que el problema central no es saber si somos sujetos de derecho como creadores culturales, sino es laboral y económico. Agregó que el Artículo 23 de nuestra Carta Magna obliga al estado a tener un trabajo digno y a recibir una remuneración; en consecuencia, es menester centrar la discusión en cómo las personas que deciden dedicar a expresarse en lenguajes artísticos para acceder a sus recursos podrían tener mejores condiciones laborales cuando trabajen bajo el mando de un patrón o mejores condiciones económicas si deciden hacerlo de manera independiente.

Por su parte, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos explicó que “formalmente no existe instrumento que defina cómo dimensionar a los generadores de la cultura como un sujeto formal de derecho. Es interesante observar cómo se aborda en el sistema internacional esta construcción y, curiosamente, sólo se observa en la lógica de autoría; es decir, la construcción del mercado para poder atender el proceso de circulantes a través del arte. Sin embargo, no tiene en su origen la dimensión formalizada del sujeto de derecho si no es a través de un proceso de consumo”.

De este seminario también participaron integrantes del Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (MOCCAM), el Grupo de Reflexión sobre Cultura y Economía (Grecu) y la organización de trabajadores y artistas No Vivimos del Aplauso, así como la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), la Asociación Nacional de Autores (Anda), entre otros grupos.

La mesa plenaria, al final de la jornada, estuvo moderada por la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.

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