El nutrido documento, no por ello irreprochable, busca modificar diferentes elementos estructurales que atañen al cine. Dos son los ejes. El artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y los artículos 19 y 32 de la Ley Federal de Cinematografía (LFC). En esta ocasión es mejor transmitir algunas de las propuestas y en otra entrega hacer el análisis.

Se quiere modificar el monto del estímulo de 500 a 650 millones de pesos, lo anterior con el objeto de actualizar la inflación acumulada a seis años y que es redondeada a 30%. Bajo esta misma lógica se propone aumentar 20 a 30 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión para así hacer el apoyo más eficiente . Asimismo se impulsa una cláusula de actualización anual, lo anterior a efecto de que el estímulo fiscal no se rezague con el tiempo.

Por otro lado, se aspira a dividir el incentivo y crear dos periodos para los trabajadores de la industria cinematográfica. El primero que comienza a prepararse en enero, para trabajar a principios de abril y terminar en agosto, mientras que el segundo periodo inicia en julio para empezar a trabajar en septiembre y terminar en enero. Con esta simple acción se protege a los trabajadores más vulnerables, tales como peones y tramoyeros .

De igual forma se busca cambiar el actual Comité Interinstitucional por un Comité Ejecutivo, que estaría integrado por representantes de Hacienda, de Imcine, de los productores, exhibidores y de la Canacine. El Comité Ejecutivo se integrará cada seis meses y contaría con una Presidencia rotativa y con un Secretario Ejecutivo permanente.

Otra: que el subsidio que se dio este año pase a un incentivo fiscal que favorezca acreditar parte del gasto que realizan los distribuidores de los filmes nacionales en la distribución y promoción de las películas, contra el ISR o el Impuesto Empresarial a Tasa Única. El límite sería de 10 % del ISR que se tuvo que pagar en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

En cuanto a la LFC se regresa a la idea de las cuotas: que los exhibidores reserven 10% del número de pantallas disponibles al momento del estreno en todos los estados de la República: Salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla . A la intentona se suma que toda película nacional se estrenará por un período no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente.

El documento se ubica fácil en la página del Senado. Más allá de las innumerables inconsistencias, por lo pronto digo no a reformas que no ofrecen mejoras integrales a eso que llamamos sector cultural. Es el problema de los legisladores oportunistas.

PRECISAN MIS DICHOS

Con respecto a la columna sobre el estudio Usos del tiempo y consumo cultural de los estudiantes universitarios. El caso de la Universidad Veracruzana (UV) en la cual escribí: Un dato curioso por increíble indica que del universo objetivo 92% no asiste a centros comerciales , uno de los queridos autores, Ahtziri Molina, me entrega la siguiente precisión: Le comento que los resultados de nuestra investigación dicen que 92% de la población estudiantil asiste con regularidad a los centros comerciales. La reseña que usted publica señala lo contrario, lamento aumentar su aflicción, pero al parecer el día de hoy compramos y luego estudiamos.

Este como otros de los datos que usted comenta en el texto son desafíos importantes para las universidades nacionales y la relación que desean entablar con sus estudiantes. Al parecer, la propuesta universitaria debe de contemplar el llevar la formación humanista a otros espacios y con otros métodos o sucumbir ante los fuertes embates del mercado y sus sirenas. Espero en algún futuro poder ampliar esta reflexión compartida que tanta desolación nos causa. Saludos . Dicho esto, mi angustia puede estar tranquila.

eduardo.cruz@eleconomista.com