El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo logrado entre hospitales públicos y privados en México era un acuerdo que muy pocos países del mundo habían podido lograr.

“Imagínense lo que significó en su momento el acuerdo para que en hospitales privados se atendiera a pacientes no Covid y se pudiera utilizar hospitales sólo para la atención de Covid-19, hospitales públicos”.

En una revisión por países de habla hispana, El Economista encontró que de diversas maneras el sector salud privado ha estado vinculado con los gobiernos para la atención de la crisis sanitaria.

El caso más emblemático ha sido España. En aquel país el Ministerio de Sanidad anunció que se pondrían a todos los proveedores de salud privados y sus instalaciones bajo control público debido a la propagación del virus.

La medida de nacionalización de instituciones quedó bajo un mando único del Gobierno, con capacidad para requisar material sanitario o centros privados, como los hospitales o las empresas farmacéuticas, entre otras instalaciones. A través del Real Decreto 463/202 del 14 de marzo, los 806 hospitales del Sistema Nacional de Salud y los 468 centros hospitalarios privados fueron puestos a disposición del Ministerio. 

En Brasil los privados sin fines de lucro y filantrópicos, ya atienden un porcentaje de lo público y tienen tarifa estipulada. También los privados se hicieron responsables de algunos hospitales de campaña, instalados en estadios de futbol.  

El 10 de mayo, el gobernador de Maranhão Flávio Dino publicó un decreto sobre la solicitud administrativa de camas en hospitales privados en São Luís y Imperatriz. En esta ley, el gobierno solicitó 50 camas para agregar a las 1,015 existentes. El 12 de mayo, la ciudad de São Paulo publicó un aviso público solicitando 100 camas a hospitales privados que operan en la ciudad. 

El caso de Perú menciona que uno de los primeros Decretos de urgencia señalaba que las clínicas privadas y su personal quedarían bajo la dirección del Ministerio de Salud y el Ejecutivo puede imponer a las clínicas la ejecución de “servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”.  Aun así, al parecer no se han enviado pacientes Covid a las clínicas, pese a que representantes de ellas han participado de todas las reuniones de coordinación.

En cuanto a Ecuador, la Red de Salud Pública contempla que se puedan incluir los servicios de los centros privados, en caso de ser necesario. Por ejemplo, en el peor momento de la curva de contagios en Guayaquil se pidió a todos los hospitales privados recibir a los pacientes con Covid-19 y los costos fueron cubiertos (para jubilados y afiliados) por la Seguridad Social y por el Ministerio de Salud Pública.

Para el caso de Uruguay, se tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, si bien cada persona que tiene trabajo (y su núcleo familiar) tiene derecho a elegir institución privada o pública para afiliarse, en el interior sector público y privado se han complementado según la zona, incluso se han asignado hospitales particulares a la atención Covid. Con respecto al diagnóstico lo paga el Estado sin importar si es público o privado en donde se lo hagan, lo mismo con las pruebas serológicas.

Para Argentina, se anticipó la medida de usar hospitales privados en caso de que se desbordara el número de pacientes, pero eso todavía no ha pasado. En Costa Rica, de momento ha registrado suficiente capacidad en hospitales públicos tanto para internados como cuidados intensivos, lo que sí se habilitó es la realización de pruebas de Covid-19 en laboratorios y hospitales privados.

En República Dominicana se dio un acuerdo entre la asociación de clínicas privadas y las aseguradoras, incluida la estatal, que es la segunda más grande (Senasa), para atender los afiliados en establecimientos de salud privados sin pagos extras. El gobierno también ha asumido el costo de las pruebas aun en laboratorios privados. En Honduras no se ha dado a conocer de alguna una medida de vinculación entre sector privado y público.

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