Siempre resulta interesante cómo es percibido México en el extranjero. No me refiero a los reportes de agencias noticiosas en The New York Times, sino a esa imagen que surge de la mente del editorialista, el guionista o la ocasional declaración de alguna celebridad construida entre sus prejuicios, las últimas vacaciones en Los Cabos y un artículo leído por encima en People.

Reflexión aparte merecen los propios mexicanos en el extranjero, cuyas opiniones suelen versar entre el progre izquierdista y el desinformado prejuicioso.

La semana pasada se televisó el noveno episodio de La ley y el orden: Los Ángeles, edición refrescada por la presencia de actores de alto nivel (Alfred Molina, Peter Coyote y Terrence Howard). Creada cuando la atención del televidente estadounidense no daba para interesarse por una hora completa, Dick Wolf concibió un policiaco complementario: los primeros 30 minutos dedicados a la labor policial de investigación y los segundos a la parte judicial del mismo caso. Los guiones están inspirados en casos reales, salidos de encabezados periodísticos.

El capítulo transmitido la semana pasada (Universal Channel), inicia con la pareja de detectives (Skeet Ulrich y Corey Stoll) investigando una masacre en una fiesta de 15 años, en un barrio latino de la ciudad. Fueron dos camionetas , dice uno de los testigos, con cuernos de chivo podría haber continuado. El escenario es desolador: madres llorosas, cuerpos que se apilan en el patio de la casa. Dos minutos después, vemos la misma escena a través de una pantalla de televisión: es la cobertura de un noticiero local. La única diferencia es que los cadáveres están difuminados y la escena es demasiado grotesca para el noticiero. El sentido común o código de la cadena no necesitó un pacto mediático.

Pronto, el argumento es evidente: la guerra contra el crimen organizado que se vive en México ha extendido un pequeño brazo a California. Un terreno abandonado, usado para plantar marihuana, nos lleva a la explotación de un niño secuestrado en Sonora y a un matón dispuesto a balear la casa de uno de los protagonistas, asesinándolo.

Identificado por el niño, el sicario se refugia en el consulado mexicano, donde un cónsul corrupto niega el acceso a la policía y sólo cuando es chantajeado accede a bajar al sicario a la calle para que sea capturado. Medio capítulo se habla en español.

Entonces entra la parte judicial del caso. Ante el detective asesinado, las víctimas de la masacre y la indignación colectiva, queda un caso sin pruebas que debe ser juzgado con las leyes estadounidenses, incluida la presunción de inocencia.

El segundo segmento detalla los intereses políticos, la presión del gobierno para no condenar a los funcionarios, su país está en guerra y requiere nuestro apoyo , la imposibilidad para encontrar pruebas ante un abogado vivales y un inculpado dispuesto a borrar de la faz de la tierra cualquier testigo. El juicio es una pantomima, el sicario es liberado por falta de pruebas. Lo más interesante de esta versión televisiva es que, de alguna manera, sirve como ilustración y contraste de escenarios similares en nuestro país.

Reemplacemos a la pareja de detectives con el Ejército, al sicario con algún capo de mediano nivel en uno de los cárteles del norte del país. Se le detiene y exhibe en televisión con sus armas y drogas. Después, desaparece de los medios y entra, ya sea a un arraigo en lo que se encuentran pruebas, a alguna prisión de alta seguridad o a la extradición exprés. Poco sabremos más: si acaso alguna nota que nos dice que finalmente lo encarcelaron por sus pasaportes falsos...

Adaptando de la leyenda que suele preceder a La Ley y el Orden, quedaría así: en nuestro sistema judicial el pueblo está representado por tres instituciones muy importantes: la Policía Federal y el Ejército que persiguen, cazan y atrapan a los presuntos responsables y el Ministerio Público que arma el expediente para que los juzguen. Éstas son sus historias.

Dejando el humor a un lado, otra situación que ilustra la serie, sin olvidar que es ficción, es la dificultad para seguir un proceso judicial regular ante la penetración y brutalidad del narco. Si eso pudiera suceder con las instituciones judiciales, consolidadas y sólidas estadounidenses, qué esperanza para las nuestras. Quizá ahí es donde debiera enfocar parte de su estrategia el gobierno federal. Si no, sólo nos quedará la versión mexicanizada: El Estado de Derecho y el desorden.

Twitter: @rgarciamainou