Conforme el periodo legislativo se acerca a su fin, nuestros diputados y senadores, esa celebrada clase política del país, hacen denodados esfuerzos por ser consecuentes con el estigma de que a los mexicanos nos gusta dejar las cosas para el último momento.

Después de largas y sesudas sesiones de insultos, debates de procedimiento, tomas de tribuna, lonas perversas, virajes políticos, y demás actividades habituales de las cámaras, los últimos días han estado llenos del fervor y la polémica.

Ahora sí se discutirá la propuesta priísta para la reforma hacendaria, prometía el senador Beltrones hace unas semanas. Ahora sí debe discutirse la ley laboral, insiste el fogoso gallo azul, Javier Lozano. Es tiempo de que se aborde la reforma política, ahora o nunca, busca presionar Jorge Castañeda en twitter. Estamos seguros que saldrá la muchas veces pospuesta Ley de Seguridad Nacional, dice algún diputado y el debate sobre la polémica ley regresa a los medios.

A lo mejor la prisa de esas últimas sesiones, interrumpidas por una laica y merecida semana de vacaciones, sirve para evitar la tentación de hacer una de esas leyes Frankenstein que tanto han gustado a las últimas legislaturas.

Si la reforma hacendaria del PRI quedó marginada por una serie de números que muchos consideraron como demasiado felices . Y si el revolucionario institucional ha decidido poner en la congeladora del ahorita no urge, el tema laboral (por lo menos hasta ver cómo ser portan las instituciones en la elección de Estado de México); tal pareciera que la discusión en comisiones de lo político pudiera conjuntarse con una última revisión a la Ley de Seguridad Nacional.

A nadie le cabe duda que esta última es necesaria. Mucho se ha argumentado sobre la necesidad de dar certidumbre al ejército en su participación en el combate al crimen organizado.

Para esto, la iniciativa de ley enlista una serie de facultades para nuestras fuerzas armadas, construida a partir de las labores principalmente policiales que estas han venido realizando en los últimos años.

De ahí a que, como señala Fernando Escalante en La Razón, se le pretenda facultar para realizar escuchas telefónicas, establecer retenes, interrogar, dirigir investigaciones, hacer arrestos, tomar declaraciones, intervenir comunicaciones, etcétera.

Algunas voces han puesto el grito en el cielo señalando los riesgos de este cheque en blanco policial. Particularmente la regresión autoritaria y violaciones a los derechos humanos, que pudiera darse otorgando tantas facultades a las fuerzas militares, no sólo en el clima actual de inseguridad, sino frente a nuestra frágil democracia.

Escalante señala que el enfoque de la ley es equivocado, porque en lugar de obligar al gobierno a mejorar, profesionalizar y encontrar una estrategia policial efectiva, pretende suplantar todas esas labores con una institución que no sólo no fue creada para eso, sino que tiene labores muy distintas, y estas no son intercambiables.

Quizá el fondo del debate esté en un concepto elemental del derecho. Si el mundo del ser está constituido por la realidad objetiva (lo que el ejército hace ahora, aunque actividad extraordinaria); las leyes y normas jurídicas debieran idealmente ubicarse en el mundo del deber ser . O sea en cómo debe ser la conducta humana, para el caso: cómo debe funcionar el gobierno, sus fuerzas de seguridad y procuración de justicia.

Al pretender crear una ley a partir de la actuación extraordinaria que en los últimos años tiene la institución, se está cimentando que el deber ser del ejército sea lo que es ahora, al margen de los señalamientos de temporalidad que tiene la iniciativa.

No cabe duda que el elevado nivel de respeto y confianza que tienen las fuerzas armadas ante a la población tiene algo que ver con el renovado apoyo a la ley. Se busca, como se suele decir, matar dos pájaros de un tiro , soportar (formalmente, lo que hoy es de facto) la principal problemática del país (la inseguridad) en una de sus instituciones más respetadas.

En el corto plazo, una ley así, puede resultar incluso funcional. Mientras el Gobierno Federal, y más aún sus contrapartes estatales y municipales, se vislumbran incapaces de organizar, formalizar y operar policías efectivas, impermeables a la corrupción del crimen, el ejército y la marina son alternativas no sólo sólidas, sino indispensables.

¿Pero ese es el deber ser que debe contemplar una ley para el futuro de México? Ya lo sabemos: lo que provisional se hace, provisional se queda.

La ley de seguridad nacional tendría que ir mucho más allá de legitimar la labor actual del ejército: discutir los parabienes del fuero militar, definir estados de excepción o pretender que éste sustituya labores policiales. Debe contemplar y formalizar los pasos necesarios de una estrategia integral frente a la inseguridad: policíaca, financiera, nacional y regional, judicial y penitenciaria. Lo demás se quedará a medias.

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