Fue exactamente el mismo 19 de marzo, pero nueve años después de perder la vida de manera arbitraria a manos de elementos del Ejército mexicano, que los nombres de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos de excelencia del Tec de Monterrey, fueron reivindicados, luego de que por nueve años se les considerara en las actas como “sicarios armados hasta los dientes”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, reconocieron la responsabilidad del Estado en la ejecución extrajudicial y ofrecieron una disculpa pública para los padres de los estudiantes abatidos. El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, donde ambos estudiantes de posgrado fueron abatidos durante un tiroteo entre elementos del Ejército y el crimen organizado, la madrugada del 19 de marzo del 2010.

“Existió incumplimiento de la función pública, violación al principio de legalidad y violación a la seguridad jurídica por la debida preservación de las evidencias por la manipulación del lugar de los hechos, por haber modificado la posición de los cuerpos sin vida de los jóvenes Javier y Jorge, y por colocar armas sobre sus cuerpos; la violación al derecho a la justicia y a la verdad en prejuicio de los padres de las víctimas y su revictimización que se hizo evidente por la falta de voluntad e impedimentos para acceder a los expedientes”, dijo Olga Sánchez Cordero a nombre del Estado mexicano durante el acto y señaló que en esta nueva etapa del país, la defensa de los derechos humanos es una prioridad.

“Eran estudiantes de excelencia, no sicarios”, dice la secretaria

“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos por los elementos del Ejército mexicano (...). Quiero decirlo de manera clara y tajante: Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no sicarios. Por mi conducto, el Estado mexicano hace el compromiso de garantizar la reparación integral del daño que provocaron las autoridades desde el 19 de marzo del 2010 y, a su vez, reitero el compromiso de implementar las medidas que aseguren la no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos humanos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”, asumió.

Durante el acto de este martes estuvieron presentes, además, los señores Rosa Elvia Mercado Alonso y Lorenzo Joel Medina Salazar, padres de Jorge Antonio, así como Aidé Verdugo Villalobos y Aurelio Javier Arredondo Rodríguez, padres de Javier Francisco. También estuvieron Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Tec de Monterrey, del gobierno y del Ejército mexicano.

Se trata de un hecho histórico en la vida pública del país, puesto que fue la primera vez que el gobierno mexicano reconoció el error de las fuerzas armadas y buscó enmendar la negligencia de manera abierta.

La relevancia del documental

El protocolo de disculpa pública y reparación de daños es resultado de nueve años de lucha por parte de los padres de Jorge y Javier para reivindicar sus nombres. A esa lucha se le sumó en el 2018, de manera trascendental, el debutante como documentalista, Alberto Arnaut, con el filme Hasta los dientes, un trabajo fílmico que escudriña en las pruebas y testimonios relacionados con aquella noche del 19 de mayo del 2010, y que, con su estreno el año pasado, aportó nuevos argumentos sobre el caso que fueron imposibles de desestimar por las autoridades.

Esta obra de arte fílmico formó parte de la selección de cintas de la pasada edición de Ambulante. El respaldo de la gira de documentales y, en particular de sus fundadores, Gael García Bernal y Diego Luna, fue fundamental para generar una opinión pública en favor de la resolución del caso de Jorge y Javier, pero también para llevar este testimonio fílmico a los escaños más altos del gobierno mexicano.

En octubre pasado fue proyectado para Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas en una sesión privada junto a los familiares de las víctimas. El impacto fue tal que desde entonces, antes de tomar posesión de sus cargos, ambos funcionarios se comprometieron a ofrecer una disculpa pública, prevista para el noveno aniversario para conmemorar lo sucedido la madrugada del 19 de marzo del 2010 en la capital neoleonesa.

El filme resultó de tal valor argumental que también en enero pasado fue programado para proyectarse en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco de las discusiones en torno a la formación de la Guardia Nacional, en vísperas de ser votada por la Cámara de Diputados. Ahí estuvo presente el actor, cineasta y cofundador de Ambulante, Diego Luna, para moderar la discusión, así como el propio director del filme, Alberto Arnaut, y varios legisladores en turno, quienes, después de la proyección, discutieron ampliamente sobre los riesgos de la implementación de una guardia con mando militar toda vez que, se argumentó, existe el riesgo de que se repita un acto similar a los sucedido con Jorge y Javier.

El Economista acompañó el camino del documental Hasta los dientes desde su paso por diversos festivales a lo largo del 2018, incluso cuando el propio Diego Luna anunció durante el Festival Internacional de Cine de Morelia que el Estado se había comprometido, a través de Sánchez Cordero, a realizar el acto público de reparación, hasta la mencionada proyección de la cinta en la sede del Poder Legislativo hace un par de meses.

Actualmente el filme de Arnaut se sigue proyectando en distintas salas y espacios públicos del país; además, está inscrito para su nominación al premio Ariel como Mejor Largometraje Documental.

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