En días de censo nacional, aprovechamos para referir algunos de los propósitos de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC), guiados por el manual metodológico para su implementación en Latinoamérica, que fue editado por el Convenio Andrés Bello. Señalamos en la entrega anterior, que resulta vital incluir este componente en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del INEGI.

La CSC permite determinar los mecanismos de producción e intercambio de los productos culturales e integrar estos análisis dentro de los marcos macroeconómicos sin desconocer las particularidades que los acompañan, como por ejemplo, prácticas culturales que no se inscriben dentro del concepto de producción del SCN ideado por la ONU en 1993.

Otro elemento concierne a los flujos de comercio exterior que afectan a los productos culturales teniendo en cuenta la importancia que pueden observar desde el punto de vista económico, como de preservación de la identidad y la diversidad cultural. Asimismo permite determinar el gasto total en cultura según objeto, naturaleza y beneficiarios; y sobre la adquisición de bienes y servicios que equipan los hogares.

Se suman también los activos intangibles tales como obras originales utilizadas en los procesos de generación de los productos culturales; insumos típicamente culturales utilizados en las dinámicas de fabricación de productos culturales y no culturales. De manera sobresaliente, los gastos directos de la autoridad pública en la administración y gestión cultural.

La CSC permite establecer los diferentes procesos por los cuales se financia el consumo cultural: vía subvenciones o transferencias corrientes o de capital de las autoridades públicas al sector privado; financiación de las actividades por el gobierno mediante la producción directa de bienes y servicios o compra de estos productos para beneficio de la comunidad; financiación implícita o explícita vía las actividades productivas de las entidades sin ánimo de lucro, la publicidad, el mecenazgo, etc.

Este conjunto de propósitos nos lleva de nuevo a una discusión pospuesta ya que pone en juego paradigmas que se consideran incontrovertibles. Perredistas y panistas se emparentan a los priistas. Tiene que ver con las salidas a la incapacidad del Estado de atender oportunamente las necesidades del sector cultural. Si bien no hay duda de que ante muchas de ellas sólo podemos sentarnos a aguardar dicha intervención, otras podrían ser asumidas por diferentes actores que dan razón al medio cultural.

Lo decimos no sólo por lo que atañe a la CSC. Están a la espera numerosos estudios que son indispensables si queremos construir una economía cultural capaz de generar los empleos que el sector demanda. Son urgentes para reorientar las políticas públicas, el desempeño del Estado, así como para el desarrollo de nuevos modelos en el aparato productivo. Al menos cuatro palabras resultan claves para dicho proceso: encomendar, desregular, transferir y desincorporar.

Son términos cuyas definiciones han sido pervertidas al amparo de la defensa de la cultura nacional, como si ésta fuera propiedad de la partidocracia, su gobernanza, sus sindicatos y de una cauda de paladines. El catálogo de pendientes acumula enormes costos sociales. Tendría que ser la hora de las sinergias, de la Reforma Cultural.

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