Mientras la gran mayoría de medios en el país evaden por razones económicas y de intereses editoriales el propiciar un diálogo constructivo sobre el estado que guarda el sector cultural (no sólo son las políticas públicas o privadas en el campo), Letras Libres lanzó una intentona que obliga a detenerse en ella.

Toca el serial de intervenciones lo que refiere a la política cultural. Y visita los extremos: de planteamientos novedosos a los que son de sobra conocidos. Edita textos con buenas intenciones de análisis y otros desfocalizados debido a la falta de conocimiento y pericia de sus autores. De los diez que aparecen, concluyo: ausencia de visión nacional, olvido de piezas del andamiaje institucional (PND, plan sectorial), predominio de la retórica dislocada, mapeo incompleto y clara la evasión de asuntos nucleares. Editores y críticos saben las razones de ello y ojalá se animen a compartirlas a efecto de completar el modelo que armaron.

En este paredón marcamos la semana pasada el contexto desde la perspectiva del que es director, Enrique Krauze. Corresponde al escritor Armando González Torres iniciar con un repaso de las principales tribulaciones de la política cultural. No será razón la que contó con poco espacio la que me lleve a valorar que su visión es limitada y conservadora. Sus argumentaciones son reflejo de la ausencia de una visión integral que sea capaz de señalar los temas más controvertidos, aunque asegure que existe un enconado debate sobre la legitimidad y las orientaciones de la política cultural .

Es generosa la abundancia de líneas temáticas que vierte al lector. Muchas de ellas forman parte del catálogo acumulado a lo largo de los años. Nos ayuda por ello a reconfirmar la parálisis que impide resolverlas. Del análisis y el recuento, a las iniciativas que puedan transformar la acción del Estado (federal) a través del Conaculta, está la distancia que no logra acortar. Si la agenda no proviene de quienes son responsables de cambiar lo que el sector cultural demanda (ante todo el legislativo, tanto en su expresión nacional como a nivel de estados y municipios), corresponde a otros actores sociales empujarla.

Por hoy resta apuntar que Armando González Torres sujeta a seis campos sus preocupaciones. El primero refiere al Patrimonio. Aquí faltó señalar el papel que desempeña el componente sindical y la gravedad por la que atraviesa su composición. Tampoco se detiene en las implicaciones que para el gasto público significan la operación de esas instituciones jurásicas que son el INAH y el INBAL, como tampoco atreve a la necesaria discusión sobre la corresponsabilidad de estados, municipios y el sector privado en la preservación del patrimonio.

Al segundo le llama Patrocinios. Dirige las baterías al asistencialismo del Fonca. Una vez más a la perversión que los apoyos facilitan entre el intelectual y el Estado. Soslaya el debate que a pocos conviene. Quiénes y por qué eligen a los beneficiarios. No atreve a señalar que en la repartición de estímulos, han sido los propios grupos de interés quienes han definido a la clientela. (Continuará).

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