El dato es brutal, el impacto económico total del embarazo en adolescentes se estima en 0.27% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso equivale a construir y operar 21 hospitales generales, pagar el presupuesto anual de instituciones públicas de educación superior —como la UNAM, el IPN, la UAM y el Colmex— o pagar casi en su totalidad (94.2%) un Aeropuerto Internacional.

Así se dio a conocer durante el webinar: “El impacto de los embarazos no planeados en el desarrollo social y económico de México”, durante esta edición del Laboratorio de Soluciones de El Economista.

En el panel de discusión participaron María Gabriela Rivera Reyes, Oficial Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Adolescentes y Grupos Vulnerables del UNFPA o Fondo de Población de las Naciones Unidas; Mariana Mancilla Mendoza, Oficial de Incidencia Política de REDfine México y del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y, la doctora Raffaela Schiavon Ermani, Especialista en Salud Sexual, Ginecología y Obstetricia y la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO); además de Maribel Coronel, periodista especializada en salud pública, quien fungió como moderadora.

Para poner en contexto la situación, Gabriela Rivera mencionó que en México, uno de cada cuatro habitantes es una persona joven, menor de 25 años. Esto representa un bono demográfico por lo que es importante aprovechar esta etapa. No obstante, aseguró que la población de América Latina y México se enfrenta a muchos problemas tales como la pobreza, desigualdades, falta de oportunidades laborales, falta de acceso a servicios de salud, delincuencia organizada y el embarazo en la adolescencia.

Respecto a este último tema, Rivera Reyes dio a conocer que el Fondo de Población de las Naciones Unidas elaboró el estudio MILENA, diseñado para medir los efectos socioeconómicos del embarazo en adolescentes en diferentes países de Latinoamérica, y en el cual se midieron cinco dimensiones: el impacto del adolescente en la participación laboral, los ingresos laborales, la educación, la salud y el impacto fiscal que tiene para los países.

Y, como parte de los resultados de este estudio, se descubrió que existe una enorme brecha salarial entre una mujer sin instrucción o estudios a nivel primaria, que gana un promedio de 1,700 pesos al mes; en comparación con una mujer que alcanzó un nivel de posgrado, y que tiene un salario de 18, 600 pesos al mes, en promedio.

Otro dato impresionante es que, de las mujeres que fueron madres en la adolescencia, solo el 7% alcanzaron estudios de educación profesional (posgrado), y en cuanto a la brecha en términos del ingreso anual laboral que perciben las mujeres, quienes fueron madres en la adolescencia perciben menos del 20% de las mujeres que fueron madres en edades adultas.

Pero esto no solo tiene un impacto individual pues también representan una pérdida laboral superior a los 3 mil millones de pesos, cuyos ingresos podrían aumentar en caso de que se invirtiera en prevenir los embarazos en adolescentes. Otro aspecto lo representa el costo del abandono escolar y del rezago educativo, el cual se estima en una pérdida anual de 31 mil millones de pesos.

En cuanto al costo sanitario, se estima que cada año los servicios públicos de salud de nuestro país destinan cerca de 6 mil millones de pesos para atender embarazos y partos de adolescentes; mientras que las familias gastan en la atención en salud de los embarazos adolescentes en el sector privado más de mil 800 millones de pesos.

A nivel gobierno, los ingresos que los gobiernos llegan a perder por impuestos no percibidos superan los 11 mil millones de pesos que, en suma, se traducen en una pérdida anual de alrededor de 63 mil millones de pesos para el país ($62,975,418,770) lo que representa el 0.27% del PIB.

Mencionó que éste tema también es de derechos humanos, e hizo énfasis en que, “si no invertimos en revertir (esta situación) no vamos a lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible”. Añadió, respecto a la falta de prevención del embarazo en adolescentes, que “todos perdemos, los gobiernos, las comunidades, las personas”, en cambio, “si se logra, todo sería ganancia”, concluyó la Oficial Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Adolescentes y Grupos Vulnerables del UNFPA.

A esta idea se sumó la maestra Gabriela Rodríguez, quien afirmó que “lo más importante es invertir en la juventud”, “la inversión es clave y es crucial la vida sociable y reproductiva, no solo estamos por los embarazos no planeados, también estamos por los planeados”.

Agregó que parte del objetivo de las becas “Benito Juárez” es evitar la deserción escolar pues se estima que 4 millones de beneficiados son adolescentes de entre 15 a 19 años de edad; aunque reconoció que hace falta “cambiar la mentalidad”, y agregó que “los hombres deben ser más conscientes del consentimiento en su vida sexual”.

Otro tema que se abordó fue el de los servicios de salud sexual y reproductiva, en el que la doctora Raffaela Schiavon hizo énfasis en la importancia de “proveer educación sexual integral en las escuelas, porque de ahí las jóvenes pueden aprender no solo conocimientos, sino todas las habilidades básicas de negociación, autoestima, proyectos de vida, respeto, visiones de género, que les permitan tomar decisiones sobre su vida”.

La especialista en Salud Sexual, Ginecología y Obstetricia reveló que México es el país que tiene la más amplia gama de anticonceptivos disponibles de manera gratuita en los servicios de salud, teóricamente para todas las edades.

Sobre el tema, Mariana Mancilla aprovechó para mencionar que “las políticas públicas fueron diseñadas sin pensar en una pandemia, la pandemia dejó de lado temas como disfrutar plenamente el ejercicio de nuestra sexualidad”. Criticó que con la pandemia, los servicios de salud no hayan ido más allá, “la atención no está yendo a las casas, a los centros en que se juntan (los) adolescentes”.

No obstante, Rodríguez Ramírez aclaró que los servicios de salud reproductiva fueron definidos como “esenciales” por lo que no se cerraron, y se hizo el esfuerzo para el abastecimiento, y para que no faltara ningún método anticonceptivo, inclusive en centros indígenas.

También comentó que CONAPO hizo una estimación de embarazos de adolescentes, y consideran como probable un aumento de 28 mil, adicionales a los 337 mil anuales que se dan en mujeres de entre 15 a 19 años.

Afirmó que las nuevas generaciones utilizan más el condón, para “80% de los jóvenes mexicanos, el método más utilizado (...) es el condón, (en) dónde está el problema, (en que) no lo usan siempre”.

Otro problema, comentó, es que “muchos embarazos de adolescentes, jóvenes y adultos ocurren bajo los efectos del alcohol y otras sustancias”.

Además, la Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) mencionó que debe haber un cambio cultural, en el cual haya corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y que “se necesita acabar con el machismo, para acabar con los embarazos no deseados”.

Por otra parte, Gabriela Rivera señaló que el embarazo adolescente es importante ya que “si no inviertes en tus jóvenes, no vas a reactivar la economía”. Mencionó que “el reto es asegurar que cada niña que ya se embarazó tenga el accesos a todos sus derechos” y afirmó que “el embarazo (en adolescentes) es responsabilidad de todos: iniciativa privada, medios de comunicación, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, profesionales, padres y madres de familia”.

En cuanto a la atención en comunidades indígenas, Mariana Mancilla mencionó que si bien hay una brecha en cuanto a la accesibilidad de recursos digitales, también hay una brecha en la manera de transmitir la información, pues muchas veces se interponen los usos y costumbres.

Y en relación a la decisión de la Corte de declarar inconstitucional criminalizar al aborto, las panelistas coincideron en que es un tema de justicia y de derechos humanos.

Raffaela Schiavon citó un reporte del Buró Nacional de Investigación Económica, (NBER, por sus siglas en inglés) en el que se le dió seguimiento a mujeres a quienes se les negó un aborto durante 10 años, y se descubrió que en términos económicos aumenta el endeudamiento de las mujeres en un 78%, aunado a un 80% de probabilidades de que sean desalojadas.

En sus mensajes finales, Mariana Mancillas afirmó que el asunto religioso se interpone con la decisión de poder abortar en adolescentes y mujeres, por lo que, más bien se debería buscar el brindarles las condiciones para poder decidir sobre su salud sexual y reproductiva.

Gabriela Rivera añadió que la estimación de embarazos adicionales derivados de la pandemia, es cerca de 900 mil en todo México; por lo que hay que trabajar en la prevención del embarazo en adolescentes “porque es la llave a otros derechos, nos compete a todos los sectores, todos podemos hacer algo, a todos nos compete y nos conviene”.

Gabriela Rodríguez concluyó con una frase: “¡Yo decido, y yo exijo respeto!”, mientras que la doctora Raffaela Schiavon finalizó con la importancia de que se brinde acceso a la información, a la educación y a los servicios, “no lo podemos tener sin equidad social y sin equidad de género”.