Por puro calendario, la primera gran decisión de economía cultural del presidente Carlos Salinas fue la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA, en lugar de Conaculta, conforme la recomendación de Carlos Lara). Seguro que ni el Mandatario ni sus demás colaboradores involucrados en el nuevo organismo lo vieron de esa forma, habida cuenta de que en esos años la subdisciplina no existía para las instituciones de educación superior, para consultores y periodistas, como tampoco se comprendía desde una noción de sector, ni para efectos de variados instrumentos del INEGI.

Aseguramos que lo fue, ya que al introducir un nuevo elemento en el rol del Estado, se dieron consecuencias en algunas cadenas del aparato productivo. Generó empleo, proveedores, infraestructura, contenidos con valor y transversalidad sectorial. Intervino activamente el mercado, siendo el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) la siguiente decisión para estimular la economía cultural. No sólo por lo que toca a las becas y programas con sus ideales consecuencias para creadores y consumidores. Sobre todo por una función que casi 25 años después quedó en el olvido: ser instrumento para facilitar la captación de dinero privado. Los subfondos eran (debieron ser) vehículos fiscales cuya eficiencia no provocara añoranzas por una ley de mecenazgo o por la calidad de donatarias en asociaciones civiles sujetas, como siempre, a sus palancas en la Secretaría de Hacienda. El modelo se inspiraba (quiso ser) como su contraparte de Estados Unidos: facilitador de inversiones.

De la saga de desregulaciones y privatizaciones, algunas aún son objeto de análisis y críticas. Por ejemplo, la desincorporación de la Compañía Operadora de Teatros. Al reformularse este nicho, nuevos negocios se catapultaron.

Sus protagonistas gozan de cabal salud: Cinépolis, Cinemex y la industria norteamericana del cine. Por otro costado, Salinas Pliego se hizo de Imevisión, paquete del que sacaron el Canal 22, una paraestatal que se adjudicó al CNCA tras una carta que docenas de intelectuales y artistas entregaron en suerte de ruego al Presidente, en ostentosa operación política que legitimó la segunda cadena de televisión. Después de tantos años, la pantalla pública carece de instalaciones y estructura laboral adecuada.

La remodelación del Auditorio Nacional no sólo era urgente por pura inercia de modernización de unas instalaciones emblemáticas.

El espectáculo en vivo demandaba un recinto adecuado para una nación rumbo a la globalización y mundialización. Otro fideicomiso que es en realidad una paraestatal y hasta microcorporativo. Aunque sólo se transparenta el número de espectadores, es eficaz nodo del negocio generado por promotores que nacieron en ese sexenio. Por eso otros espacios cadavéricos del gobierno capitalino (con la dupla Manuel Camacho-Marcelo Ebrard al mando del revolcón) tuvieron mejor suerte en manos de una naciente empresa: el Palacio de los Deportes y el Autódromo para los creadores de la exitosa CIE. Tal importación de grupos y estrellas creó un clúster y de paso cambió radicalmente el perfil de consumo cultural de los habitantes de distintas ciudades.

Con el Tratado de Libre Comercio de América el Norte, sin reserva cultural, hubo negocios beneficiados, como el de los importadores de instrumentos musicales, asunto nada menor si consideramos la abundante fuente de trabajo que representa. Otros viven los daños, como el caso de los productores de cine nacional y las editoriales que han sido adquiridas por los españoles.

Largo historial en cuatro sexenios.

LO QUE VALE, LO QUE SIGNIFICA. Francisco Dorantes de la UAM Azcapotzalco recordó en el evento Derecho y Políticas Culturales en México, realizado en la UNAM por Raúl Ávila, que a estas alturas del siglo XXI existen más de 350 ordenamientos en el sector . El más viejo y en vigencia data de 1915.