Se tienen que llevar las cuentas. Ellos no las rinden. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y sus foros para diseñar la Ley General de Cultura , concilian el sueño en su dormilona. Ni santo ni seña a 28 días del banderazo. Como el Conaculta avanza en su propio proyecto, el cual dice desconocer la presidenta Kenia López (Proceso, 16 de mayo), no hay de qué preocuparse.

Recordemos que se montó un corralito con seis ejes temáticos: el derecho de acceso a la cultura; las propuestas y recomendaciones para una legislación cultural; las experiencias internacionales para garantizar el acceso a la cultura; la responsabilidad social de las empresas para la promoción y financiamiento de la cultura; la regulación artística en planes y programas de estudio, y el patrimonio cultural material e inmaterial.

En todo caso hay que aprovechar el cerco simbólico que se empata a la temporada de censo nacional. Ocasión propicia para poner en perspectiva el manual metodológico que, para la creación de cuentas satélites en cultura (CSC) en Latinoamérica, editó hace poco más de un año el cadavérico Convenio Andrés Bello. Se trata de una añeja urgencia no atendida y que no pinta en los quehaceres ni del INEGI, ni del Conaculta ni de la Cámara de Diputados (debido a sus implicaciones transversales).

La CSC tiene variados propósitos. Nombremos algunos de ellos bajo la guía del manual. Está, por ejemplo, el determinar los principios para seleccionar las prácticas y productos que conforman el campo cultural (que nosotros al influjo del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, SCIAN, llamamos sector de Servicios de Esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos.) así como el establecer definiciones y clasificaciones siguiendo los conceptos y el marco de análisis inherente al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) ideado por la ONU en el lejano 1993. En éste intervinieron, vale recordar, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la Oficina Estadística de la Unión Europea.

Ofrece información sobre las características sociales básicas ligadas a la producción de bienes y servicios culturales, en particular la organización de la producción según categorización de los productores: empresas, multiestablecimientos involucrados en varias actividades culturales, entidades del Estado, empresarios individuales del sector formal o del informal; la diferenciación de las ocupaciones culturales y no culturales y la caracterización del empleo en actividades culturales en términos de permanencia, duración, formas de vinculación, etc.

De igual forma indicadores que permiten una caracterización de la oferta y la demanda de los productos culturales (indicadores no monetarios y clasificación según los contenidos de los productos) relacionados con las variables económicas presentadas en la CSC. Establecer los diferentes procesos por los cuales se financia el consumo cultural.

Esto es sólo un tentempié (la comilona continuará) de una labor que tenemos que desarrollar. Más allá del corralito legislativo, de la incapacidad que se observa en los responsables, está el que ellos abran cancha. Otros pueden ocuparse de lo que no tienen manera de hacer, en bien de los miles de mexicanos que viven de la cultura.

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