La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió a sensibilizar y capacitar al personal penitenciario para impedir la violación de los derechos de las personas pertenecientes a grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales (LGBTTTI).

A través de un pronunciamiento sobre la atención a dichas personas en centros penitenciarios, remitido a la comisión del ramo de la Cámara de Senadores, se sugiere “desarrollar e implementar políticas públicas y acciones específicas como campañas y pláticas que fomenten la cultura de respeto de los derechos humanos de esta población y que garanticen en las instituciones de reclusión penitenciaria el derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación”.

Detalla que entre los aspectos revisados para conocer la situación que guardan los integrantes de las poblaciones LGBTTTI, al supervisar las cárceles, “se advierte la ausencia de un protocolo para atender sus necesidades específicas, así como determinar su ubicación y sus requerimientos de protección de ser necesario, tomando en cuenta su opinión y las condiciones de internamiento para evitar maltrato y discriminación, propiciando el acceso igualitario a todas las actividades que se desarrollen al interior del centro penitenciario”.

El reporte suscrito por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, precisa que de acuerdo con la estadística del sistema penitenciario nacional hasta agosto pasado había 202,745 personas privadas de la libertad —192,225 hombres y 10,520 mujeres—, de las cuales 1% pertenece a las poblaciones LGBTTTI, es decir, 2,027 personas.

Desde el 2015, la CNDH alertó de la necesidad de eliminar prácticas institucionales que generen homofobia, entendida ésta como la discriminación por la orientación sexual, la identidad o expresión de género, y de sancionar a los servidores públicos que cometen agravios en contra de esas poblaciones.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que se emite anualmente sobre la situación que guardan los integrantes de las poblaciones LGBTTTI privadas de la libertad en centros penitenciarios, la CNDH refiere que en los últimos diagnósticos se ha hecho referencia a la falta de atención adecuada para la protección de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTI, “sobre todo en las instituciones dependientes de los gobiernos estatales, con porcentajes que van de 20 a 20.61% y 22.13% del 2015 al 2017 consecutivamente, lo que dificulta garantizarles el respeto a sus derechos humanos”.

Entre otras medidas, se propone crear e implementar un protocolo de actuación para los servidores públicos de los centros penitenciarios con un enfoque transversal de derechos humanos para atender de forma integral, sin discriminación de ningún tipo, a las personas que integran las poblaciones LGBTTTI que se encuentran privadas de su libertad en algún centro de reinserción social del país.

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